Pese a que se acreditó la irregularidad, debido a que el presidente no puede ser sancionado por infracciones de índole electoral, de acuerdo con la Constitución, los magistrados sólo fijaron multas a Sheinbaum por 10,374 pesos y a Morena por 20,748 pesos, en ambos casos por el beneficio indebido obtenido por las conductas del presidente.
En el análisis de las 32 mañaneras realizadas en 2023, los magistrados concluyeron que el presidente dedicó su espacio matutino a contrastar los procesos internos de los partidos políticos que se encontraban en curso y atribuyó características negativas al ejercicio de la oposición, y asumió una posición a favor de las y los aspirantes a coordinadores de la Defensa de la Cuarta Transformación, en el proceso de las “corcholatas” de Morena.
En ese caso dio vista al Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República para que determine lo que corresponda pues en la conducta del presidente también participaron un conjunto de cinco funcionarios públicos.
Entre ellos el vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas; el director del Centro de Producción de Programas informativos y Especiales (CEPROPIE), Sigfrido Barjau de la Rosa; la directora general de Comunicación Digital, Jessica Ramírez González, y el jefe de departamento adscrito a esa coordinación, Pedro Daniel Ramírez Pérez, además del coordinador de Estrategia Digital Nacional del Gobierno de México, Carlos Emiliano Calderón Mercado.
En otro procedimiento, relativo a cuatro mañaneras del 6, 7, 8 y 9 febrero de este año, los magistrados concluyeron que nuevamente el presidente y además el secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, vulneraron los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda y cometieron uso indebido de recursos públicos, por realizar expresiones político electorales en conferencias mañaneras.
En esas ruedas de prensa el mandatario solicitó apoyo a la ciudadanía para dar continuidad a su proyecto de nación, lo que es una expresión de carácter electoral.
Los mismos funcionarios menores de la presidencia fueron responsabilizados de las conductas irregulares y se dio otra vista a la OIC.
En el caso del secretario del Trabajo, se dio vista al Órgano Interno de Control de la Secretaría del Trabajo para que determine lo conducente.
