Las cifras:
El consejero electoral Martin Faz detalló que al corte de 18 de mayo, se cuenta con un 99.44% de la plantilla de supervisores electorales (SE) y un 98.2% de capacitadores electorales (CAES), mientras que las vacantes son de 47 personas (0.66%) y de 769 (1.8%), respectivamente.
El 16 de octubre de 2023, el INE inició el proceso de reclutamiento, selección y contratación de 7,123 SE y 42,657 CAE para el proceso 2023-2024.
“Con corte al día de ayer, 21 de mayo, se han emitido 1,275 convocatorias y se continúa con 47 vacantes de personas supervisoras electorales y 769 de CAE”, detalló.
Aclaró que “no se trata una situación de riesgo, sino de casos muy focalizados en zonas específicas”, donde es necesario generar condiciones para que los consejos distritales cuenten con el personal necesario, al ser estas figuras la columna vertebral de los trabajos en campo antes, durante y después de la jornada electoral.
El debate
El consejero Uuc-Kib Espadas dijo que el hecho de que el Instituto pague sueldos menores a los funcionarios electorales, tiene que ver “con nuestra disponibilidad presupuestal”, dado el recorte avalado por la Cámara de Diputados, pero, además, porque no se excluyó a CAES por presuntamente estar afiliados a algún partido político.
Acusó a los legisladores de una “austeridad selectiva” como instrumento para generar simpatías o antipatías en contra de personas o instituciones. “Como práctica política, la entiendo bien", dijo.
También arremetió denunció una “ley selectiva”, al recordar que en 2018 y 2021, se estableció un “mecanismo” para dejar aspirantes a CAEs afiliados a partidos.
“La pulcritud selectiva de la ley, también es un problema, como la austeridad selectiva… se le decía al aspirante: pues mira, estás afiliado (a algún partido) y no llenas los requisitos, pero si tú me das chance poniendo una demanda de sacarle una multa de 80,000 pesos al partido, si eventualmente de veras no estás afiliado, puedes seguir el proceso", reprochó.
