Inhabilitan a titular del Instituto Electoral de Oaxaca

“Además hay un claro sesgo de género, puesto que siempre se me ha cuestionado que yo no tengo la capacidad de estar al frente del Instituto. Es la primera vez en 30 años que una mujer está al frente… se le ha cuestionado si hay algún hombre o partido detrás de mi, pero nunca que yo tomo mis propias determinaciones”, indicó.

En entrevista con Expansión Política, denunció acoso, así como uso faccioso de las instituciones y de la ley por parte del encargado de despacho de la Contraloría del INE, Alejandro Salvador Cruz Rodríguez, “para sacarme del proceso”.

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Además, dijo que resulta “curioso” que la notificación de inhabilitación se realiza en momentos en que el Instituto lleva a cabo los procesos de licitación para la impresión de las papeletas electorales y demás papelería electoral.

“Dentro de la propia resolución, además de inhabilitarme como consejera presidenta, menciona que no puedo intervenir en el Comité de Adquisiciones, que yo considero que es el fondo del asunto por el cual no quería que yo esté al frente de las licitaciones. Es mucho dinero el que se maneja”, acusó.

De acuerdo con el calendario electoral del INE, en Oaxaca estarán en juego 25 Diputaciones de Mayoría Relativa, 17 Diputaciones de Representación Proporcional, 153 Presidencias Municipales y 188 Sindicaturas de Mayoría Relativa.

Los hechos

Sánchez González, rindió protesta como presidenta del IEEPCO, el 27 de octubre del 2021, para el período 2021-2028 y se convirtió en la primera mujer en ocupar dicha posición desde su conformación.

En septiembre del 2023, el encargado de despacho de la Contraloría del INE, Alejandro Salvador Cruz Rodríguez, solicitó la suspensión temporal de la consejera presidenta por el presunto desvío de más de 19,000,000 de pesos.

“Me suspende este señor en septiembre del 2023. Yo acudo a un juicio para la protección de los derechos de la ciudadanía puesto que la figura de la presidencia o consejerías del Instituto solo pueden ser removidas por el INE, previo a un procedimiento de remoción”, acotó.

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Derivado de ello, el INE también promovió ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), un juicio electoral urgente, por considerar que se invadió su facultad, situación que además, interfiere con el proceso electoral en marcha.

Un mes, después, en octubre del 2023, fue reinstalada en su cargo, pero en noviembre de ese año, Cruz Rodríguez turnó el procedimiento al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción de Oaxaca (TJACCOAX), cuando debió dar vista al INE, según lo establece la ley.

“De manera rápida, ahí si hubo una justicia rápida y expedita, el expediente se instaura en 2023 y en el 10 de abril de este año, me notifican alguna inhabilitación a mi cargo, totalmente fuera de la ley, porque la única institución que me puede remover del cargo es el INE”, detalla.

Consideró que en la resolución hay contradicciones, porque el expediente establece que comenzará a causar efectos una vez que cause ejecutoria la resolución, es decir, una vez que se hayan agotado todos los medios de impugnación para combatir esa sentencia.

Sin embargo, expuso que el mismo 10 de abril en la noche, “el propio Tribunal Administrativo hace una aclaración de sentencia diciendo que es de manera inmediata, que en cuanto me notifiquen empieza a surtir efecto la inhabilitación, lo cual cuál está fuera de la ley y de su propia resolución”.

Ante esta inhabilitación “Fast Trak”, la exconsejera presidenta promovió un amparo que le fue otorgado este miércoles 24 de abril por un juez de distrito en el estado de Oaxaca.

“Me otorga la suspensión provisional de este acto. Dice, no queda sin efectos la resolución del Tribunal y yo debo volver a mi cargo”, pero la víspera, fue informada de su inhabilitación.

Las presiones no son nuevas

Elizabeth Sánchez establece que las presiones “no son nuevas”, porque también las vivió durante la elección para renovar la gubernatura del estado, en 2021.

“El señor (Cruz Rodríguez) cuando en un principio venía el tema de las licitaciones para el tema de la gubernatura tuvo mucha presión hacia mí para contratar alguna empresa para el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). No se tomó en consideración lo que el quería, entonces empezaron las presiones primero hacia las personas cercanas a mí, a la coordinadora administrativa, a la secretaria ejecutiva, que la suspendió por no haber rendido su declaración patrimonial”.

Además, insistió en que las compras se hicieran conforme a la Ley de Adquisiciones del Estado y no el Reglamento de Adquisiciones de Instituto, aprobado en el 2021.

Licitaciones en duda

De cara a la impresión de las papeletas electorales, resalta que en 2023 “había la intención” de que Talleres Gráficos de México (TGM), para elaborar el material y la documentación, es decir, urnas, mamparas, boletas, actas.

“La intención era ir con TGM, sin embargo, el propio contralor fue a presionar al Comité de Adquisiciones para que no se hiciera de esta manera, que había un riesgo, que TGM no iba a entregar a tiempo, que no otorgaba fianza. Mil pretextos para no ir con Talleres Gráficos, lo que causó mucha preocupación al interior de Comité de Adquisiciones”, narró.

De acuerdo a la exconsejera presidenta, el presupuesto para elaborar la paquetería electoral por parte de Talleres Gráficos de México era de 48,000,000.

“Ahora con estas licitaciones, el material electoral se contrató por 60,000,000 de pesos y la documentación electoral por 41,000,000 de pesos, son 100,000,000 de pesos, una diferencia de 52,000,000 de pesos que el Instituto se pudo haber ahorrado, pero ahí hubo la intensión de no ir con Talleres Gráficos, sino con una empresa privada”, lanzó.

Elizabeth consideró que “esta es una parte del fondo de este asunto, de la inhabilitación por parte de la Contraloría, que pone además el riesgo el proceso electoral, porque en este momento no hay presidencia provisional del Instituto”.