Estos datos forman parte del informe “Democracia vulnerada: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, publicado como parte del proyecto Votar Entre Balas, revela que por cada agresión a una persona candidata se registró una disminución de 1.3% en promedio en la asistencia de la ciudadanía a votar entre las elecciones de 2018 y 2021.
Los números revelan que en los municipios donde se registra el mayor número de ataques a políticos, hay menor participación ciudadana para votar.
En la presentación, la Coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, Sandra Ley, explicó que la violencia también provoca que las personas que habían sido seleccionadas y capacitadas para ser funcionarias de casilla no se presenten y se elija a las primeras que están en la fila para votar a que ocupen esos puestos. En ese sentido, por cada persona candidata o militante de partido atacada, hay un aumento de casi 1% de sustitución.
Un caso para ejemplificar este fenómeno es el de Apaseo el Grande, Guanajuato, en donde se tuvo una caída de la participación de 50% a 39% tras el asesinato de un candidato a regidor y dos militantes de partidos en 2021.
Además, la sustitución de funcionarios de casilla aumentó de 12% a 19%.
“¿Qué es lo que nos dicen estos ataques? Con un menor número de funcionarios capacitados para contar votos, si hay un mayor número de sustituciones, entonces estamos desdibujando ese elemento elemento ciudadano del que nos hemos enorgullecido por décadas en la construcción de la democracia mexicana. Y segundo elemento: conforme se desvanece la participación ciudadana en las elecciones, entonces el crimen organizado tiene aún más posibilidades de afianzar sus lazos con el aparato estatal y con el gobierno”, enfatizó Ley.
