“Hasta el momento la UTCE puede concluir que en un análisis preliminar y bajo la apariencia del buen derecho, sin que ello implique pronunciarse sobre el fondo del asunto, existen elementos que apuntan que 921 personas forman parte de esta propuesta, entonces aspirantes a ocupar cargos electorales, sí consistieron de forma previa su inscripción como militantes de partidos políticos”, indica el proyecto avalado por unanimidad de votos.
De acuerdo con el texto, en todos los casos que se analizan existen cédulas originales de afiliación aportadas por los partidos políticos. Además, hay cédulas electrónicas previamente avaladas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (RFE) que contienen firma autógrafa de los ciudadanos y, para los casos de células electrónicas, fotografía por ambos lados de la fotografía para votar.
“Es por esto que a fin de garantizar los principios de imparcialidad e independencia que rigen la función electoral en la integración de los órganos electorales que participarán en las próximas elecciones y al advertirse una militancia de estas personas con fuerzas políticas, se hace necesario proponer dictar medidas cautelares.
Ello, “para que, en términos de los hallazgos demostrados y las cláusulas del contrato de prestación de servicios celebrados en cada uno de estos casos, sean dados de baja y se les impida participar en el desempeño de los cargos de supervisor electoral y/o de capacitador asistente electoral”, añade el proyecto avalado durante la sesión de la Comisión de Quejas.
De acuerdo a la autoridad electoral, los ciudadanos que aspiren a ese cargo, no deberán estar afiliados o tener relación con algún partido político y/o haber participado en alguna campaña electoral en el último año previo a la emisión de la convocatoria.
Además, se estableció quienes estuvieran afiliados indebidamente a algún partido podían presentar una queja u oficio de desconocimiento a fin de poder continuar con las siguientes etapas de contratación.