Asimismo, establece que “no podrán realizar, por ningún medio, manifestaciones a favor o en contra de personas inscritas en algún proceso político, o de alguno de los partidos que intervengan en dichos procesos”.
En los parámetros –que se dan en acatamiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)-, también se da “luz verde” a los legisladores inscritos en esos procesos para acudir a los eventos en días y horas hábiles, siempre y cuando no se distraigan de su participación en las actividades parlamentarias a su cargo.
“Las personas servidoras públicas, que sean además personas inscritas, deberán abstenerse de participar en los procesos políticos en cualquier forma que pudiera implicar una vulneración a la equidad en dichos procesos”, resalta el texto, lo que permitirá a los legisladores Xóchitl Gálvez y Santiago Creel participar en el proceso interno del FAM, sin solicitar licencia de su cargo.
En sesión extraordinaria, los integrantes del Consejo General determinaron que el periodo sujeto a fiscalización iniciará con el acuerdo o convocatoria que emitió tanto Morena como el Frente Amplio por México (FAM) para sus respectivos procesos internos y concluirá con la publicación de los resultados o declaración final.
Además, en ningún caso, los topes que se establezcan serán superiores a 34,370,666.00 pesos por cada uno de las personas inscritas. Respecto a la colocación de la propaganda, ésta deberá observar las siguientes reglas:
a) No podrá colgarse en elementos del equipamiento urbano, ni obstaculizar en forma alguna la visibilidad de los señalamientos que permiten a las personas transitar y orientarse dentro de los centros de población. Las autoridades electorales competentes ordenarán el retiro de la propaganda electoral contraria a esta norma;
b) Podrá colgarse o fijarse en inmuebles de propiedad privada, siempre que medie permiso escrito de la persona propietaria;
c) No podrá fijarse o pintarse en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario, ni en accidentes geográficos cualquiera que sea su régimen jurídico.
El INE determinó además que se tomará como gasto también propaganda utilitaria (artículos promocionales como los amlitos), los operativos (viáticos, equipos de sonido, por ejemplo), y los gastos de traslado y hospedaje de las personas inscritas en los recorridos que realicen en el país.
Morena insiste en la renuncia
Eurípides Flores, representante suplente de Morena reiteró la petición de su partido de que renuncien a su cargo, “suelten el hueso” y dejen de hacer recorridos con recursos públicos, tanto el diputado Santiago Creel Miranda como la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz.
Acusó además que el destinatario de los referidos Lineamientos es el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien no podrá referirse a ambos legisladores durante las mañaneras, pero ellos si podrán seguir siendo servidores públicos e incluso, acudir a eventos.
“Ni mandado a hacer para los aspirantes de la oposición”, denunció el morenista. De su lado, Hamlet García Almaguer expresó que el permitir a servidores públicos que permanezcan en sus cargos y participen en la contienda, implica un riesgo eminente para la equidad de la contienda.
“En ese sentido, nosotros insistimos en la necesidad de que se determine que se separen del cargo” los servidores públicos.
El petista Pedro Vázquez secundó la propuesta de Flores y García Almaguer en el sentido de que deben renunciar los legisladores que buscan encabezar el FAM, para evitar uso indebido de recursos públicos e inequidad en la contienda.
“Para estar en igualdad de condiciones y no romper el equilibrio de la contienda, las personas servidoras públicas se deben separar de sus cargos”, lanzó.
Servidores sí pueden permanecer en el cargo
La consejera Claudia Zavala detalló que las personas servidoras públicas sí pueden seguir en funciones, pero no podrán afectar la equidad de la contienda, ni hacer uso de recursos públicos.
Además, dijo que que serán los partidos políticos los que decidan cuánto se pueden gastar cada una de las personas inscritas en los procesos, de acuerdo al tope que fijó el INE.
“Por qué no pedir que los servidores públicos que se retiren… porque justo tienen una naturaleza distinta que la misma Sala Superior ha determinado, esa bidimensionalidad de sus funciones, respecto de ese contacto con las personas”.
Su par Dania Ravel expuso que, previo a la emisión de estos Lineamientos, el INE determinó monitorear los actos de las “corcholatas” y “frentistas”, para salvaguardar la imparcialidad y equidad de la contienda federal que inicia en septiembre próximo.
Ravel Cuevas recordó que no existe restricción para que las personas públicas participen en procesos internos partidistas.
La consejera Carla Humphrey resaltó que en los Lineamientos se restringe la entrega de cualquier tipo de material al que se oferte o que se entregue algún beneficio mediato o inmediato efectivo o en especie y se fijan reglas para garantizar la no injerencia de personas servidoras públicas en los procesos.
Además, se garantiza la presentación de quejas, cuanto así se amerite y se establece que los partidos y personas participantes están obligados a presentar informes de ingresos y gastos, mientras que los límites de aportaciones que pueden contribuir los aspirantes, en dinero o en especie, es de 2,148, 166.62 pesos.
El consejero Uuc-Kib Espadas confió en que algún día el Congreso de la Unión apruebe una reforma electoral sensata y limitar el uso de recursos públicos, de cualquier tipo, incluyendo productos o servicios de programas sociales.
Mientras, el consejero Jaime Rivera reconoció que los Lineamientos buscan evitar daños a la equidad y a la ley y expresó: “con franqueza la solución que se está adoptando no es la ideal ni la más ortodoxa, desde el punto de vista de la ley, pero es una solución que evitará más daños a la vida democrática”.
