A propuesta del magistrado Felipe Fuentes Barrera, se concluyó que aunque se hubiera demostrado la existencia de una estrategia de desvío de recursos para que el dinero involucrado no fuera rastreable, de las pruebas no se podía advertir un beneficio del PRI.
Además, Morena no confrontó los razonamientos del INE, no precisó de qué forma se podía llegar a una conclusión distinta, ni desarrolló planteamientos para demostrar de qué manera los hechos probados evidenciaron las conductas irregulares.
El proyecto fue aprobado por mayoría, con los votos en contra de los magistrados Reyes Rodríguez y Janine Otálora Malassis, quienes estimaron que el expediente se debía regresar al INE, con el fin de que se hiciera mayores investigaciones y requerimientos.
“De este asunto me separaré del proyecto que nos propone el magistrado Fuentes Barrera, pues en mi opinión estimo que los agravios de falta de exhaustividad sí son fundados, por lo que procedería sería revocar la resolución impugnada para que la autoridad responsable, el INE, realice diversas acciones; y una vez que las haya realizado inicie justamente con el estudio de absolutamente la totalidad de las pruebas que obran tanto en el expediente que se tiene aquí a la vista, como también aquellas que pueda recabar”, dijo Otálora Malassis.
Rodríguez Mondragón la secundó:
“En mi opinión debe revocarse la resolución impugnada para que el Consejo General realice las diligencias que considere pertinentes, desplegando atribuciones, en el entendido de que cuando la autoridad responsable, es decir, el INE realice estos requerimientos, pues hay que tomar en cuenta que no es oponible a sus facultades de comprobación el secreto bancario, fiscal y fiduciario, con fundamento en el artículo 41 de la Constitución General”.
