Multan a Que siga la Democracia por entregar firmas de fallecidos en revocación

El INE acordó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue y, en su caso resuelva lo conducente en torno a la referida Asociación Civil, encabezada por Gabriela Jiménez, así como al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), por presunto uso indebido de datos personales.

De acuerdo al INE, esa conducta vulneró los principios rectores de certeza y legalidad, porque afectó directamente el funcionamiento de la autoridad electoral nacional.

Ello, al pretender cumplir con un requisito legal a partir de documentación y/o información falsa, lo que tuvo como resultado exigir que este Instituto desplegara al máximo sus facultades de revisión en el caso, generando incluso duda sobre su desempeño institucional.

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“Desde temprano se pudo ver como la crónica de un fraude anunciado”, dijo el consejero Ciro Murayama, tras recordar que la ley exigía 2 millones 758,000 firmas para activar la revocación de mandato, pero “sus impulsores recolectaron sólo un millón 370 mil firmas a través de la App, o sea, les habría faltado más de un millón 200,000 firmas, pero gracias al papel entregaron otras 9 millones 759,000 firmas”.

Murayama explicó que el proyecto calificaba la falta perpetrada por la Asociación Civil como grave, especial y dolosa; dado que la naturaleza de la conducta implica desde sanciones administrativas hasta posibles delitos de diversa índole, la multa original ascendería hasta los 5 millones 300,000 pesos.

Sin embargo, como la A.C. gozó de una capacidad económica durante los primeros meses de marzo y abril de 2022 de poco más de 840 mil pesos, se sanciona con apenas medio millón de pesos.

El acuerdo contempla, además, otras medidas de restitución tales como la publicación de esta resolución durante un periodo de 30 días naturales, tanto en las redes sociales de la A.C. y de su representante como en su portal electrónico.