“La medida me parece proporcional, porque privilegia la autodeterminación de los partidos, además protege la ideología de los partidos frente al interés personal de aceptar un cargo de sus dirigentes”, argumentó el magistrado ponente.
Además, consideró que el partido fundó y motivó su determinación en contra del exgobernador de Sinaloa conforme a lo que establece los documentos básicos que lo rigen, al destacar la validez de la restricción que establece el PRI para que sus dirigentes no acepten cargos en gobiernos de otras fuerzas políticas.
“El órgano responsable (del PRI) señaló que la gravedad de la conducta desplegada por el actor radicó en que, con conocimiento pleno de lo determinado por el máximo órgano deliberativo de la dirección colegiada de carácter permanente, deliberadamente desobedeció su determinación”, añadió Infante Gonzales.
De igual forma señaló que si el tricolor no comparte las políticas e ideología del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, resulta más que evidente que prohíba a sus dirigentes aceptar cargos en sus dependencias.