Al argumentar su voto en contra, la magistrada Mónica Soto consideró que esta restricción “vulnera los derechos para ejercer un cargo público que protege la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que está por encima de cualquier estatuto de partido”.
El pasado 8 de marzo y en medio de la polémica por aceptar dicho cargo diplomático, el Pleno del Senado de la República ratificó, con 74 votos a favor, 20 en contra y 12 abstenciones, el nombramiento de Ordaz Coppel como embajador de México en España.
Posteriormente, el 31 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expulsó a Quirino Ordaz Coppel, exgobernador de Sinaloa, por aceptar ser embajador de México en España.
El PRI informó que se decidió por mayoría de votos de sus integrantes que el exmandatario ya no forme parte de sus filas, “por haber cometido actos de indisciplina grave en contra de las determinaciones del Consejo Político Nacional, como lo señala el artículo 250 de los estatutos”.