Enrique Inzunza Cázarez anunció su salida de Morena, pero no de su escaño en el Senado de la República. Dijo que seguirá como independiente.
Después de que legisladores y la presidenta Claudia Sheinbaum plantearan que valorara pedir licencia, el senador sinaloense – acusado por Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado– anunció su separación de la bancada oficialista y dijo que continuará como legislador independiente ante lo que calificó como una “embestida” en su contra.
En un documento que publicó en su cuenta de X, mencionó que desde hace cuatro meses ha sido objeto de una “feroz campaña de calumnias y diatribas” después de que una oficina del departamento de justicia de los Estados Unidos difundiera imputaciones contra él.
“No se precisa mucha perspicacia para saber que es otro, alguien que posee el mayor liderazgo moral y político de la nación, el objetivo final de esta embestida. Sería una cobardía y un error, consentirlo o permitirlo. Es preferible, como decía Altamirano, vivir o morir entre las fieras, que inclinar la frente ante los tiranos y dar un abrazo a los traidores”, declaró.
Enrique Inzunza explicó que los sinaloenses lo eligieron en las urnas en 2024 para ser senador y representarlos y ha asumido la encomienda conforme a las normas que han regido su conducta, por lo que continuará en el cargo, pese a las peticiones de que solicite licencia.
El pasado 25 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum consideró que Enrique Inzunza debería pedir licencia como senador, ya que es investigado por la Fiscalía General de la República ante la acusación que hay de Estados Unidos de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.
“Considero lo mismo en todos los diez casos que están bajo investigación de la Fiscalía, pero cada quien tiene una decisión frente a la gente, frente al pueblo, cada uno tiene que tomar también sus propias decisiones”, comentó la mandataria.
Otros legisladores de su partido se sumaron a la petición. Uno de ellos fue el diputado Arturo Ávila, quien comentó que, ante acusaciones tan delicadas como las que enfrenta el senador, lo correspondiente es someterse al escrutinio de la justicia sin contar con fuero constitucional.
Un senador en funciones tiene fuero, la cual es una protección que le da la Constitución a algunos funcionarios para evitar que sean detenidos o juzgados penalmente durante el ejercicio de sus funciones. El nombre correcto es inmunidad procesal.
De acuerdo con el Sistema de Información Legislativa (SIL), el objetivo de esta figura es dotar de independencia y libertad necesaria a funcionarios en el ejercicio de sus encargos por sus opiniones y votos emitidos dentro y fuera de los recintos legislativos.
El Gobierno de Estados Unidos ha señalado a Enrique Inzunza Cázarez de tener vínculos con el narcotráfico, al igual que nueve personas más de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Según la investigación estadounidense una vez que Rocha Moya fue elegido como gobernador, Inzunza Cázarez fungió como enlace entre los líderes de 'Los Chapitos' y el ahora mandatario estatal con licencia, incluida la transmisión de comunicaciones entre ellos.
La acusación señala que, durante una de las reuniones que sostuvieron, el ahora legislador y Rocha Moya dijeron a “Los Chapitos” que, debido a que apoyaron la “campaña” del morenista, les darían el control de la Policía Estatal para que pudieran llevar a cabo sus operaciones de tráfico de drogas sin el riesgo de que las autoridades interfirieran.
Como parte de este acuerdo, estos funcionarios también permitieron que los hijos de Joaquín Guzmán Loera se coordinaran con “agentes corruptos”, como José Antonio Dionisio Hipólito, exsubdirector de la Policía Estatal, y Juan Valenzuela Millán, excomandate en la Policía de Culiacán, para realizar detenciones de “enemigos o miembros ajenos” a “Los Chapitos'”, con el fin “aparentemente” de contribuir a la percepción pública de que Rocha Moya había mejorado el orden en Sinaloa.
