La Secretaría de Hacienda y Crédito Público elaborará y mantendrá actualizado un listado de personas servidoras públicas clasificadas como PEP.
En la reforma que modifica la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, impulsada por el ahora morenista Javier Corral, se define que las “Personas Políticamente Expuestas” son aquellos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como a quienes están relacionadas con ellas.
La senadora Alejandra Barrales señaló que con esta reforma se da acceso a los entes públicos a todo tipo de información de los mexicanos, pues dijo que se plantea que se pueda proporcionar sin restricción alguna.
“Nos parece muy delicado que un ente de Gobierno con una sola solicitud pueda tener acceso a datos personales de los mexicanos, a información financiera y patrimonial y a todo lo que tenga que ver con su parentesco”, declaró la emecista.
Ello porque el artículo 51 Bis del dictamen establece que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, local y municipal proporcionarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos, imágenes y documentación a la que tengan acceso y que se les requiera, y sin que haya una orden judicial.
La priista Carolina Viggiano mencionó que la propuesta tiene la intención de crear un sistema de vigilancia para el ciudadano.
“Esta ley se trata de vigilar todas las cuentas bancarias de los ciudadanos. Esta también forma parte del sistema de vigilancia para todas las personas, que nunca sabrá quién tiene sus datos: si las autoridades, los militantes o los criminales”, mencionó.
En tanto, la panista Guadalupe Murguía señaló que hay una violación en los derechos humanos y a los datos personales, ya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá solicitar información a cualquier institución federal, estatal, así como a los bancos, al INE, las OPLE, gobiernos locales, al Banco de México, Fiscalías de los estados y sindicatos.
“Advertimos que sea una autoridad administrativa la que pueda bloquear las cuentas bancarias, porque esto es muy delicado toda vez que pueda utilizarse con motivos de carácter político contra adversarios”, mencionó.
Mientras su compañera de partido Laura Esquivel mencionó que incluir a partidos políticos, sindicatos y colegios de profesionistas en la lista de vigilancia de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es un "exceso".
"Parece más una persecución política de opositores y voces críticas. Esta inclusión no está dentro de los estándares internacionales", declaró.
También se amplía las llamadas “actividades vulnerables”, que son las actividades económicas que por su naturaleza puede significar una vía para que el dinero generado por actividades ilícitas entre al sistema financiero.
A esta lista, en la que está las prácticas de juego con apuesta, concursos, sorteos, se agregó:
- El desarrollo inmobiliario
- La comercialización de activos virtuales (criptomonedas)
- La prestación de servicios de fideicomiso y otras actividades financieras no tradicionales.
