La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó derogar el párrafo de la Constitución en el que se establece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se elige por votación entre sus integrantes.
En la Reforma Judicial se estableció que será presidenta o presidente de la Corte la persona que obtenga el mayor número de votos en el proceso electoral de junio.
Con la decisión de la Comisión de Puntos Constitucionales se suprime el texto que dice: “Cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual no podrá ser reelecto para el período inmediato posterior”.
El documento avalado expone que se busca resolver la antinomia o contradicción constitucional respecto la forma en que se elegirá a la presidencia de la SCJN; por ello, se opta por armonizar el modelo de elección democrática del Poder Judicial y no se dejan disposiciones susceptibles a interpretaciones.
La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano, de Morena, dijo que este cambio es necesario debido a que actualmente la Carta Magna contiene una contradicción o antinomia entre los artículos 94 y 97 en cuanto al procedimiento y duración de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No podemos permitir que semejante contradicción continúe generando incertidumbre jurídica, interpretaciones arbitrarias o, peor aún, un debilitamiento de la legitimidad del Poder Judicial. Con esta reforma damos un paso firme hacia la consolidación del nuevo modelo de justicia”, añadió.
La diputada Paulina Rubio Fernández, de Acción Nacional, expresó que la reforma no se puede avalar, ya que es una contradicción jurídica, y no enmienda el daño que se hizo al Poder Judicial.
“Esta modificación es irrelevante, lo que sí abonaría a enmendar, solucionar o componer es reconocer que la elección de los cargos al Poder Judicial es un fracaso”, dijo.
Por su parte, Ruth Maricela Silva Andraca, del Partido Verde, destacó que el próximo 1 de junio, por primera vez en más de 200 años de vida independiente, la ciudadanía en México tendrá el derecho de participar en uno de los procesos de cambio más importantes de la historia para elegir a 881 juzgadores y juzgadoras.
Nadia Navarro Acevedo, diputada del PRI, aseguró que el dictamen no es una simple corrección que abona a la solución de una antinomia para la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino es el resultado de “una reforma que está plagada de inconsistencias, la cual hoy se intenta resolver”.
Claudia Ruiz Massieu, representante de Movimiento Ciudadano, dijo estar en contra del dictamen, ya que respaldarlo implicaría “formalizar la forma en que el oficialismo ha atentado no solo contra la ley fundamental a la letra sino en su espíritu, el Estado de derecho y el Estado constitucional que descansa en la separación de los poderes”.
