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Empresarios de Sinaloa piden más recursos e infraestructura ante violencia

Esta mañana empresarios se reunieron con senadores para solicitar programas sociales para Sinaloa con el fin de contrarrestar la crisis generada por la violencia.
mar 03 diciembre 2024 01:32 PM
Culiacán Negocios Quemados-4
Imagen ilustrativa. El 28 de noviembre pasado, sujetos armados atacaron dos sucursales del Sushi Rach Roll en Culiacán.

Ante las afectaciones económicas provocadas por el incremento de la violencia en Sinaloa, empresarios de la entidad acudieron al Senado a presentar un Plan Emergente de Recuperación Económica para solicitar programas sociales para el estado, que ayuden a contrarrestar la crisis.

Cristina Isabel Ibarra Armenta, del Colegio de Economistas de Sinaloa, comentó que la violencia ha dejado un impacto económico de 18,000 millones de pesos, que equivale a 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) estatal, además de que ha provocado la pérdida de 25,000 empleos formales.

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“La violencia ha venido a golpear a la economía, de modo que hay empresas que han venido cerrando. En general no se puede trabajar en la vida nocturna, hay empresas que han tenido que trabajar en 20% de su capacidad. Se han cancelado muchos eventos masivos”, dijo.

Mencionó que si incrementa las afectaciones se llegara a diciembre “con pérdidas profundas de la economía”, porque, dijo, los empresarios ya tienen problemas para pagar nómina y aguinaldos.

Martha Reyes, presidenta de Coparmex en Sinaloa, solicitó a las autoridades federales la intervención inmediata para fomentar la economía, pues dijo que las empresas no están trabajando 100% en sus horarios, pero si pagan sus impuestos completos.

“Sabemos que ha sido rebasada la cuestión de la seguridad; sin embargo, como empresarios lo que nos queda es asegurar la economía, que los colaboradores tengan empleos, que tenga estabilidad”, mencionó.

Dijo que el estado debe ser apoyado económicamente, porque en la entidad están los proveedores de frutas y verduras del país. Destacó que si se les encarece poder producir y transportar, esto también afectará en los costos de los productos.

Agregó que mañana miércoles los empresarios se reunirán para conformar "un pacto de paz".

"Queremos empezar a levantar los parques, a rescatar las calles. ¿Cómo? Trayendo paz y cuestiones culturales", declaró.

¿Qué solicitan?

Programa de bienestar de emergencia social:

Asignar 250 millones de pesos para dar apoyo alimentario a los afectados por la pérdida temporal o permanente de su fuente de ingresos, incluyendo 50,000 apoyos alimentarios para personas y dependientes económicos.

Empleo temporal inmediato:

Destinar 5 millones de pesos para un Programa de Empleo Temporal Inmediato, ofreciendo 25,000 jornales con salario mínimo para labores de mantenimiento de infraestructura pública y rehabilitación de fuentes de ingresos.

Atención a la salud mental:

Asignar 15 millones de pesos adicionales al presupuesto de la Secretaría de Salud para implementar un Programa Especial de Atención a la Salud Mental, en respuesta al impacto psicológico de la violencia en la población.

Créditos a micro, pequeñas y medianas empresas:

Establecer un programa de créditos a microempresarios afectados por la violencia, con una tasa de interés tres puntos menor a la tasa de referencia del Banco de México, con un periodo de gracia de seis meses y plazos de hasta cinco años. Se solicita también la creación de un Fondo Especial para Sinaloa de 1,500 millones de pesos, que permita financiar a las microempresas a través de un esquema de garantía con la banca de desarrollo.

Fortalecimiento de la seguridad pública:

Solicitan la asignación de 1,500 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública para instalar 2,500 cámaras de videovigilancia, repartir 50,000 botones de emergencia entre la población y equipar a las policías locales. Esto complementaría la seguridad en el estado y contribuiría a la protección de ciudadanos y empresarios.

Apoyo a la infraestructura de seguridad:

Proponer el uso de estos fondos para la instalación de 11,000 cámaras internas en taxis y camiones de servicio público, así como la capacitación y equipamiento de las fuerzas de seguridad locales.

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