En cuanto al proceso legislativo, la bancada opositora denunció que hubo un contexto de presiones externas al Poder Legislativo por parte del Poder Ejecutivo: “Ha atacado sistemáticamente al Poder Judicial mediante discursos públicos que califican de corruptos a los jueces y magistrados”.
Ese el mayor ejemplo de guerra jurídica en la historia contemporánea de México, acusa el panismo y agrega, pues su objetivo es subordinar al Poder Judicial para eliminar los controles de legalidad y perpetuar el poder del Ejecutivo.
A la campaña de desprestigio se sumaron, de acuerdo con el grupo parlamentario que encabeza Noemi Luna, decisiones que afectan directamente la autonomía judicial, como la imposición de topes salariales a jueces, magistrados y ministros, además de la amenaza de incumplir resoluciones judiciales.
“No podemos permitir que se destruya la división de poderes, pilar fundamental de nuestra República” expusieron los panistas al insistir en que la Suprema Corte revise y suspenda los efectos de la reforma.
“El proceso legislativo se vio manchado por la falta de legalidad y la decisión apresurada de Morena para regalar esta reforma al presidente Andrés Manuel López Obrador antes de concluir su mandato", advirtieron los diputados del PAN.
En el documento se denunciaron, asimismo, graves afectaciones que esa reforma puede traer como –acusan– el desmejoramiento de los derechos laborales de jueces y magistrados: “Lo que provocaría una fuga de capital humano calificado en el Poder Judicial”.
También se prevé, añaden los legisladores, “pérdida de incentivos institucionales para atraer a personal altamente capacitado, lo que impactaría negativamente en la calidad de la administración de justicia a corto, mediano y largo plazo”.
