Horas antes de la sesión, el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, ya había adelantado la posibilidad de proceder en contra de los jueces, pues a su juicio actuaron ilegalmente al ordenar que, en caso de aprobarse la reforma, no se enviará a los congresos estatales para concretar el proceso de reforma constitucional.
“Es una farsa y barbarie jurídica. Estamos analizando la probabilidad de presentar denuncias penales correspondientes y, si se procede, llevarlos a juicio político. Es algo que se le propondrá, Ricardo Monreal tendrá que tomar la determinación como coordinador. No se vale llevar actos de barbarie jurídica”, apuntó.
El coordinador de Morena en la Cámara, Ricardo Monreal, ya había asegurado que hasta ese momento aún no había consenso en la bancada sobre cómo proceder.
“(Son) tres acciones contra los jueces por su grave intromisión a la vida interna del Poder Legislativo: juicio político; se planteó denuncia penal por delitos cometidos en la administración de justicia y una queja ante la Judicatura”, anotó.
La decisión fue respaldada por el Partido del Trabajo (PT), aliado morensta, pues el diputado Ricardo Mejía Berdeja había asegurado, en la tribuna camaral, que la decisión judicial era una “pseudo suspensión".
"Ningún juez, ninguno, puede frenar al supremo poder reformador... que quede claro porque vienen muchas reformas".
"Contra ellos procede queja ante el Consejo de la Judicatura Federal, juicio político e incluso una responsabilidad de carácter penal por abuso de autoridad", advirtió.
