La Cámara de Diputados aprobó reformas que prohíben y sancionan las llamadas terapias de conversión, conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (Ecosig).
El proyecto, que será devuelto al Senado de la República para su aprobación y eventual aprobación, fue avalado por 275 votos a favor, 102 en contra y 30 abstenciones, hecho que fue celebrado por activistas y legisladoras.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) las define como "intervenciones profundamente dañinas" que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas LGBTTTQ+ y otras personas con diversidad de género están “enfermas”.
En 2012, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) expuso que las "terapias de conversión" no tenían justificación médica y representaban una grave amenaza para la salud y los derechos humanos de las personas afectadas. En 2016, la Asociación Mundial de Psiquiatría descubrió que "no hay evidencia científica sólida de que se pueda cambiar la orientación sexual innata”.
La reforma aprobada por los diputados establece que se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de 1,000 a 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
Además, indica que se aumentará al doble la sanción cuando las conductas tipificadas se realicen en contra de personas menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima la persona que incurra en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez, según refiere entre aspectos el texto.
Activistas y legisladores celebran
Para el director de la organización Yaaj, Iván Tagle, la aprobación de la reforma significa una reparación del daño integral a quienes han sobrevivido a este tipo de prácticas y el saldo de una deuda histórica que el país tenía con las poblaciones de la diversidad sexual.
Refirió que, de acuerdo con datos oficiales del gobierno, más de medio millón de personas han sido sometidas a estas prácticas.
“Ha sido un gran ejercicio entre la sociedad civil, nuestras legisladoras de distintos partidos y múltiples alianzas, pero sin duda han sido las voces de las personas que hemos sobrevivido quienes hemos estado al centro y hemos levantado la voz para exigir que esto pare”, resaltó.
La fundadora de Sociedad Activa, Érika Salinas, dijo que es un primer gran paso; sin embargo, comentó que lo que sigue es trabajar en los medios culturales para sensibilizar, porque advirtió que falta representatividad para normalizar la diversidad.
Las diputadas de Morena Salma Luévano Luna, presidenta de la Comisión de Diversidad, y María Fernanda Félix, de Movimiento Ciudadano (MC), destacaron la aprobación en el Pleno.
Luévano reconoció que “esto ha sido un trabajo en equipo”, mientras Félix dijo que esta aprobación es un gran paso para dicho sector de la población e invitó a los activistas a seguir trabajando y luchando por sus derechos, ya que, acusó, en México a la comunidad LGBT se le trata como "delincuentes, se les tortura".
La senadora de Morena Citlalli Hernández Mora dijo que las terapias de conversión provocaron suicidios en adolescentes y jóvenes, por lo que resaltó que la aprobación de la iniciativa es una reivindicación a esas víctimas y una forma de reparación del daño a quienes han sufrido por dichas prácticas.
Comentó que han pasado cinco años desde que se presentó dicha propuesta, junto con las senadoras Patricia Mercado (MC) y Alejandra Lagunes (PVEM), y a raíz de eso se detonó mayor activismo y discusión pública en la materia.
