En su recomendación 42/202, la CNDH determinó que el Congreso incurre en violaciones a los derechos humanos a la protección de la salud, a la educación, al trabajo, a la identidad de género, a la igualdad y no discriminación, a la vivienda, a la cultura y al acceso a la justicia en agravio de la población trans debido a que no existe esa protección de derechos a nivel constitucional.
Por ello, pidió a los diputados y senadores generar acciones tendentes a impulsar cuando menos cuatro reformas “en el término de dos meses”.
La primera al artículo primero de la Constitución “para que se incluya la identidad de género como una categoría sospechosa de discriminación”.
Además de reformar el artículo 73 de la Constitución para que se incluya que el Congreso tiene facultades para legislar en materia de derechos de la población trans. La tercera modificación va sobre la aprobación de la iniciativa de Ley General Trans.
También se planteó la reforma al Código Pena! Federal para "considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio”.
De acuerdo con los senadores, debido a que se piden reformas constitucionales, estas “sólo pueden cumplirse a través de un procedimiento legislativo, mismo que no resulta posible desarrollar en el plazo de dos meses otorgado por la Comisión".
En este sentido, los legisladores solicitaron una "prórroga razonable" para la generación de los acuerdos necesarios.
El pleno del Senado designó a Olga Sánchez Cordero (Morena), presidenta de la Comisión de Justicia, como enlace con la CNDH para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.