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Diputados alertan que seguirá en 2023 uso electorero de programas sociales

En comparecencia con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno federal la política social estuvo sujeta a cuestionamiento por supuesta ineficacia y uso político.
jue 24 noviembre 2022 09:12 PM
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Este jueves compareció la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

En comparecencia de la titular de Bienestar, Ariadna Montiel, las bancadas priistas, panistas y morenistas se acusaron mutuamente del fracaso en el combate a la pobreza y el uso electorero de los programas sociales, mismo que la oposición denunció que prevalecerá en 2023.

La funcionaria acudió al pleno con motivo de la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para explicar los avances de la política social, y aseguró que en ese periodo el monto de la inversión en ese ramo “ha sido el doble de lo que se hizo en el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. De esta manera se combate a la pobreza”.

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Pero los legisladores del bloque opositor cuestionaron el uso electoral de los programas, opacidad en su entrega y el incremento de 40% en los gastos de operación para 2023, de ahí la presunción de que los servidores de la nación –responsables de integrar los padrones– mantendrán la operación electoral de la política social.

Las entregas directas de recursos no abatirán la pobreza, sólo aumentan el clientelismo, aseguraron.

“Qué bueno que aumentan el presupuesto, pero lo que más aumentó fueron los gastos operativos. De 2 mil millones de pesos pasaron a 8 mil millones de pesos y los operadores un día los vemos como siervos de la nación, otros días los vemos como promotores de voto y quizá mañana los vemos como operadores de autobuses y listas de asistencias”, acusó la panista Margarita Zavala.

La legisladora panista, exprimera dama y esposa de Calderón, cuestionó que se festeje la entrega de apoyos directos y no la superación de la pobreza.

Eso corrobora el uso electoral de los programas y por ello demandó: “por dignidad humana, no les digan que tienen una pensión gracias a Morena o al presidente, la tienen por los impuestos de todos los mexicanos, incluyendo los de pensionados y eso muy importante que lo hagamos saber”.

En respuesta Montiel aseguró que el gobierno recibió en herencia “50 millones de pobres y de eso no se acuerdan”.

La visión es “combatir la pobreza generando un ingreso a las familias, no haciendo negocio” y por eso defendió: “estamos convencidos que las transferencias económicas no condicionadas ayudan y contribuyen a construir un estado de bienestar”.

Sin embargo la diputada Ana María Esquivel Arrona (PAN) insistió en el fracaso de la política, pues las transferencias monetarias universales “benefician también a los que más tienen, lo cual amplía las brechas de desigualdad”.

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Con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la legisladora recordó que la población en situación de pobreza pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas de 2018 a 2020, y la población en pobreza extrema se incrementó de 8.7 a 10.8 millones.

“A pesar de esta realidad, esta administración no ha sido capaz de replantear su estrategia en materia social, seguimos al amparo de una política social desarticulada y sin un mínimo de técnica en la construcción de acciones, que efectivamente rompan con el ciclo intergeneracional de la pobreza”, cuestionó.

Por el Revolucionario Institucional (PRI), el diputado Rodrigo Fuentes Ávila demandó atender la evaluación técnica que hace el Coneval y las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a la operación de los programas sociales para frenar la desviación de los recursos públicos y sancionar a los servidores públicos que lucran con la necesidad de la gente sin recursos.

Recordó que en las pasadas elecciones en seis estados “los programas sociales se utilizaron para amenazar y coaccionar el voto” por lo que exigió a Montiel anunciar qué hará para impedir que se repita eso en las elecciones del próximo año en el estado de México y Coahuila.

Pero la panista Ana Teresa Aranda alertó que se prevé repetición de ese fenómeno.

"Si no, ¿cómo podemos entender que el gasto operativo del programa de adultos mayores pase de 3 mil a 11 mil millones de pesos, en un año casi 400% de aumento?", espuso.

También denunció que los 6 mil millones de pesos recortados a los organismos autónomos se fueron a gastos de operación de la Secretaría del Bienestar.

“¿Será que les urge cash para poder usarlo para sus operadores electorales?”, recriminó.

Según la panista no se busca abatir la pobreza, “lo que quieren es aumentarla para poder tener a más mexicanos de rodillas estirando la mano”.

Para Marcelino Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), el aumento en el gasto de operación tiene trasfondo electoral, pues en cuatro años no hay padrones de beneficiarios de programas sociales que sean confiables.

“Durante tres años han sido observados ustedes por la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a los programas sociales; actualmente siguen teniendo los mismos problemas. ¿Ya tienen ustedes una solución o seguirán ignorando las recomendaciones? Esto es un caso de corrupción.

“¿Ya se ha consolidado el padrón de beneficiarios? Hace un momento usted lo dijo, lo googleamos inmediatamente, y no existe un padrón, es mentira”, reclamó.

La base de beneficiarios es para control, “¡esto no es un directorio para el día de las jornadas electorales!”, reprochó.

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