La reforma, que fue enviada al Senado para su análisis y votación, propone que a los tres años sin movimientos ni reclamación, se concentren en cuentas globales y si aún no son reclamados puedan tener dos tipos de usos: para la beneficencia y para fortalecer con capacitación y equipamiento a policías federales, estatales y municipales.
Si los montos son menores a 51,958.8 pesos, monto equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en este año 2022 es de 96.22 pesos, se destinarán a la beneficencia pública.
Las cifras superiores a esa suma se dedicarán a la seguridad pública. Los porcentajes de distribución previstos en los artículos transitorios de la reforma son 50% para la Federación, un 30% para las Entidades Federativas y un 20% para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.
El líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, así como la diputada Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara, fueron proponentes de la iniciativa, que había sido turnada a Comisiones Unidas de Hacienda y de Seguridad, pero se le dispensaron todos los trámites para su inmediata discusión y votación en el pleno.
Mier aseguró que al menos hay 10 mil millones de pesos que podrían ser susceptibles de destinarse a seguridad, y sostuvo que deberá invertirse a infraestructura policial, uniformes, botas, chalecos, aunque eso no se especificó en la reforma.
“Tenemos conocimiento, hasta un corte hace cinco meses, que había poco más de 75 mil millones de pesos; tendrá que hacerse una revisión también sobre cuál es el estatus jurídico y la cantidad precisa. En este momento no la conocemos porque la Secretaría de Finanzas, la Asociación Mexicana de Bancos y la Comisión Nacional Bancaria tendrán que determinar el monto que está”, dijo en entrevista.
En la exposición de motivos de la iniciativa se precisa, en tanto que “no se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales”.
Los tiempos
Conforme a los tiempos establecidos, las instituciones bancarias “estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto”, es decir, cuando prescriba el plazo para ser reclamados.
En el artículo transitorio aprobado se ordena realizar el traslado de los recursos financieros que estén en ese caso y para el año 2022, “en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor del presente y sean integrados al presupuesto de la dependencia responsable de la seguridad pública”.
En lo general la reforma consiguió unanimidad, pues recibió con 483 votos de todos los grupos parlamentarios y 1 abstención.
El voto es a favor, expuso el panista Carlos Alberto Valenzuela, pues “abre la puerta al regreso” de fideicomisos extintos, como el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (Fortaseg), eliminado por el gobierno federal y por el cual se daban recursos para capacitación y equipamiento de policías locales.
Pero el PAN votó en contra en lo particular, al ser rechazadas sus reservas, entre ellas las de la diputada Patricia Terrazas Baca, quien alertó que la propuesta original era para dar 70% de los recursos a los estados y 30% a los municipios, pero de última hora se decidió dar la mayor parte a la Federación, que no estaba contemplada.
“Ahora es diferente, para los estados 30%, para los municipios 20% y ahora 50% para la Federación, que nuevamente se lleva la rebanada”, señaló.
El diputado Román Cifuentes pidió que los recursos se destinen y administren por el Secretariado de Seguridad y no a Secretaría del a Defensa Nacional (Sedena) -que controla a la Guardia Nacional- y Blanca Estela Romo, quien pidió considerar como casos especiales los de cuentas bancarias de personas desaparecidas y que por esa razón no fueron reclamados, casos en los que de debería dar esa posibilidad a sus familias.
Sin embargo, no fueron aceptados esos cambios.
