La oposición en el Congreso se prepara para ir en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una vez que el Senado apruebe el “decreto interpretativo” que elimina para el presidente y legisladores la prohibición de difundir declaraciones, imágenes y mensajes durante los procesos de revocación o electorales.
Sin embargo el recurso lo deberán presentar a contrarreloj, pues el proceso de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se realizará en menos de un mes, el 10 de abril, y la Corte difícilmente podría resolver antes.
En entrevista, el senador Manuel Añorve, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que se analiza solicitar a la Corte que declare una suspensión para que el “decreto interpretativo” sobre propaganda gubernamental no entre en vigor durante el actual ejercicio revocatorio.
“Morena y sus aliados apuestan a que, en lo que se revisa la legalidad de esa chicanada que aplicaron, promuevan con todo el proceso de revocación” por lo que se pedirá a los ministros dictar previsiones, comentó.
El jueves 10 de marzo, Morena presentó y votó de manera exprés en la Cámara de Diputados una iniciativa de “decreto interpretativo” para que durante el actual proceso de revocación todo servidor público quede exento y pueda difundir ese ejercicio, o en campaña promover partidos.
Ese “decreto por el que se interpreta el Alcance del Concepto de Propaganda Gubernamental” definió que esta es la que cualquier ente público pague con recursos etiquetados específicamente por concepto de comunicación social y excluyó que entren en ese concepto “los escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones” de los servidores públicos, haya o no procesos electorales.
La 4T busca revivir revocación
En entrevista, Añorve Baños aseguró que el gobierno y su partido, Morena, “están desesperados, preocupados porque como se dice en el argot futbolero: la revocación de mandato no levanta pasiones. Por eso quieren intervenir y levantarlo”.
Recordó que además de que la Constitución señala con claridad que ningún servidor público puede realizar propaganda, hay tesis de jurisprudencia que regulan los alcances de la propaganda gubernamental, lo que está permitido y lo que no.
“Por eso el bloque de contención vamos a rechazarlo en el Senado y de ser necesario iremos a la Corte”.
La senadora de Acción Nacional (PAN), Kenia López, advirtió: si Morena y sus aliados “son capaces de usar su mayoría para cumplir los caprichos del presidente en el Senado, por supuesto que nos veremos en la Corte”.
Lo que aprobaron los diputados de la 4T “viola la Constitución, las leyes electorales y demuestra que Morena sólo quiere el poder por el poder. Estaremos en el Senado como bloque de contención dando la pelea argumentativa a favor de los mexicanos”, declaró la vicecoordinadora de la bancada panista.
Por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el senador Juan Manuel Fócil destacó que uno de los argumentos que demuestra la ilegalidad de lo aprobado es que no impedir a los servidores públicos promover la revocación elimina el principio de imparcialidad que debe tener el gobierno.
“Es permitir que entre el aparato del Estado en la elección a hacer campaña y usar recursos, porque los servidores públicos van a hacer difusión con dinero público, pues ¿en qué se van a mover? ¿cómo van a promover? Pues con dinero del erario. Hoy mismo ¿Quién está pagando todos los espectaculares que están en todo el país? Cada uno cuesta 20 o 30 mil pesos al mes. Es un derroche de dinero para ratificar al presidente cuando el proceso es de revocación”, planteó.
El recurso ante la Corte
Las acciones de inconstitucionalidad pueden ser promovidas por los legisladores federales o quienes conformen una minoría parlamentaria que represente al menos el 33% del total de quienes integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna, es decir, podrán recurrir a la Corte un tercio de los diputados, 165, o del Senado, 42 legisladores.
Entre los diversos argumentos que ha esgrimido la oposición, se encuentra que no existe la facultad de emitir “decretos interpretativos”, que se violó el proceso legislativo que deben seguir las reformas legales; que un cambio en materia electoral debió hacerse al menos 3 meses antes y que el documento expedido extenderá los riesgos para la equidad en futuras contiendas federales y locales.
Esos fueron los argumentos vertidos en la sesión del jueves 10 en la Cámara de Diputados, pero que fueron desoídos por la mayoría de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde (PVEM).
Para la diputada María Elena Limón García, de Movimiento Ciudadano, el multicitado decreto vulnera el artículo 105 constitucional que prohíbe legislar en materia electoral por lo menos 90 días antes de una contienda.
La diputada Marcela Guerra, del PRI, enfatizó que lo aprobado por Morena vía un “decreto interpretativo” sí es una reforma legal, pues impacta la Ley de Comunicación Social y no sólo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y la Ley Federal de Revocación de Mandato.
En todos los casos debió seguirse el proceso legislativo previsto en el artículo 72 constitucional que implica la presentación y discusión en comisiones de una iniciativa, antes de su presentación a la votación del pleno, lo que no ocurrió en este caso.
La priísta Guerra Castillo, al igual que el diputado del PAN, Humberto Aguilar Coronado, opinaron que el Congreso de la Unión si tiene la facultad de interpretar leyes vigentes, pero no de interpretar esas leyes vigentes para cambiarlas por la vía de un “decreto interpretativo”.
“La interpretación auténtica de las normas legales no es una facultad de modificación o derogación”, planteó el panista.
Para el también panista Santiago Torreblanca Engell la gravedad del decreto será su impacto para futuras elecciones pues la interpretación que se hizo sobre el concepto de propaganda gubernamental que está en la Legipe aplica no sólo para la revocación de mandato, sino para todos los procesos electorales federales y locales.
Así, vía decreto -alertó el panista- se pretende cambiar el artículo 134 constitucional que marca que los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, “sin influir en la equidad de la competencia”.
“No lo va a aplicar solo para revocación de mandato, eso va a ser muy peligroso. El día de mañana vamos a tener alcaldes y gobernadores que no van a etiquetar los recursos específicamente con el rubro de comunicación social, influyendo en las contiendas”, dijo.