El Partido Acción Nacional solicitó juicio político contra la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para ser juzgada por los presuntos delitos de desvío de recursos, peculado y ejercicio indebido de funciones y atribuciones.
De prosperar la querella, e incluso con la presentación de esta, la exmandataria podría quedar descartada para ocupar el consulado de México en Barcelona, España como fue propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El presidente nacional del partido, Marko Cortés, la secretaria general, Cecilia Patrón Laviada, junto con diputados federales y miembros de la dirigencia estatal de Sonora, presentaron este jueves, la solicitud de juicio político ante la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados.
La exgobernadora es señalada de no seguir la leyes necesarias para el manejo de recursos excedentes para la entidad y de haber enviado a partidas que quedan fuera de las auditorías.
Gildardo Real, líder del PAN en Sonora explicó que presuntamente durante cuatro años de su gobierno (de 2016 a 2019) Sonora tuvo ingresos por más de 8,000 mil millones de pesos de manera extraordinaria y conforme a las leyes locales debió aplicar esos excedentes a cuatro rubros: obra pública, amortización de la deuda, en Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) o en un Fondo de Contingencias para salud.
Pero de acuerdo con Real, los recursos se enviaron a partidas que quedan fuera de auditoría como son servicios generales y asesorías e imagen del gobierno, en supuesta violación de la Ley General de Disciplina Financiera y la Ley Estatal de Presupuesto y Gasto Público de Egresos.
Además, de acuerdo con el panista, más de 7,000 millones de pesos de los recursos son participaciones y transferencias federales.
Por estas razones, hace unos días, el PAN promovió una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.
De prosperar el juicio político y la denuncia, la exmandataria sonorense podría ameritar hasta 16 años de cárcel y la "muerte civil", es decir, que implicaría hasta 50 años de inhabilitación para desempeñar un cargo público.
Pero de manera inmediata, hay una consecuencia para la exgobernadora, pues la denuncia podría impactar en su nombramiento como Cónsul en Barcelona, pues una persona está impedida para ocupar un cargo público si enfrenta un proceso penal.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para que Pavlovich llegue a Barcelona y el exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, a la embajada de México en España, ha suscitado pugnas y reclamos al interior del PRI, al grado de advertirles que buscarán expulsarlos si aceptan los nombramientos.
A pesar de promoción del juicio político, el líder panista reconoció que la Subcomisión de Examen Previo de la Cámara de Diputados que es responsable de recibir en primera instancia las demandas de juicio político, no se ha instalado y no se ha realizado ninguna actividad entorno a una anterior demanda de juicio político contra un gobernador, tal es el caso del exmandatario de Baja California, Jaime Bonilla.
