Los senadores aprobaron esta tarde una reforma para delimitar las funciones del Instituto Nacional de Migración (INM) ante denuncias en contra de ciudadanos extranjeros.
Los legisladores aprobaron hoy por unanimidad en el pleno modificaciones al artículo 93 de la Ley de Migración.
El artículo señalaba únicamente que el INM “recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de extranjeros por la presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente”.
Con las modificaciones aprobadas este jueves se reformó el párrafo y se adicionó un segundo para evitar la invasión de competencias, dejando en claro que el INM no tiene funciones ministeriales y policiacas para recibir e investigar denuncias penales.
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Ahora el artículo establece que cuando un particular presente alguna denuncia contra un migrante, el INM deberá informar a que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al denunciante ante la autoridad que sí lo es para que presente su denuncia.
También especifica que dentro de las atribuciones del Instituto Nacional de Migración no se encuentra la de investigar y perseguir la posible comisión de delitos.
Y establece que es el Ministerio Público será el que deba informar a quien lo solicite, previa identificación, si un extranjero se encuentra detenido en territorio nacional y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentra, y el motivo.
Y señala que el instituto solo podrá solicitará información de los migrantes con fines “de control, verificación o revisión migratoria”.
Durante la discusión Bertha Alicia Caraveo, senadora por Morena, presidenta de la Comisión de Asuntos Fronterizos dijo que ahora se dará mayor certeza al INAMI.
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“Con la aprobación de esta reforma, daremos una mayor certeza al actuar del Instituto Nacional de Migración y dejaremos la facultad jurisdiccional a la autoridad competente”, apuntó.
Durante la entrada de caravanas migrantes a inicios de este año legisladores de ambas cámaras alzaron la voz para denunciar la criminalización de migrantes por parte del INM y la Guardia Nacional.