El Congreso desaparece el Seguro Popular y crea un nuevo Instituto de Salud

La reforma señala que, a partir del 1 de enero de 2020, empezará a operar el Insabi, el cual le quitará la rectoría de los servicios de salud a los estados; también se prevé hacer un nuevo Compendio Nacional de Insumos para la Salud y crear un Fondo de Salud, que tendrá recursos para las enfermedades que generan gastos catastróficos.

En la discusión, la propuesta de reforma fue rechazada por las bancadas de PAN, MC y PRI, que señalaron que nadie puede estar en contra de tener un sistema universal —como el de Canadá— y que atienda a todas las personas, pero consideraron que el dictamen es muy ambicioso y no estima el costo presupuestal que puede tener.

El senador Martí Batres (Morena) fue uno de los defensores de la reforma y, durante su intervención en tribuna, señaló que los cuestionamientos en su contra están “fuera de lugar”, pues la propuesta representa un “cambio de concepción y paradigmas”.

“Para algunos, es difícil aceptarlo o imposible (...) pero se da fin a la visión privatizante de la salud, sustentada en dos pilares: la subrogación y el copago”, afirmó al criticar el esquema del Seguro Popular.

Acusan centralización de los servicios

Al quedar rechazadas todas las reservadas presentadas durante la discusión en lo particular, la Ley General de Salud quedó como se había presentado originalmente el dictamen, en el que se establece que se harán acuerdos de coordinación entre los estados y el gobierno federal para otorgar los servicios de salud y medicamentos gratis a toda la población que no tiene seguridad social.

Los reclamos se dieron principalmente por la centralización de los servicios de salud, lo cual, según los senadores de PRI, MC y PAN, rompe con el pacto federal.

Sylvana Beltrones (PRI) argumentó que se establece que los gobiernos de los estados convendrán son la Secretaría de Salud, bajo la figura de “acuerdo de coordinación”, qué alcances habrá, y que la dependencia se hará cargo de organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salubridad general.

“Esto significa que la Federación absorbe y centraliza los servicios estatales de salud y el director del Insabi nombrará delegados de los sectores coordinados de los estados, lo que podría significar que la labor de los secretarios de Salud de los estados se volviera obsoleta”, aseguró.

Alejandra Reynoso (PAN) coincidió y cuestionó el cumplimiento de la ley.

“¿Ustedes creen en verdad que centralizando los servicios de salud serán más eficientes? Yo no, no le creo a Morena”, afirmó.

Elvia Marcela Mora Arellano (PES) reconoció que se está llevando una centralización, aunque defendió la decisión.

“Con el fin de evitar la corrupción y hacer eficiente la inversión pública, se centralizará el manejo de los recursos y la adquisición de insumos para establecer así una verdadera rectoría de la Federación sobre el Sistema Nacional de Salud, atendiendo el espíritu del artículo cuarto constitucional”, argumentó.

El reto del financiamiento

¿De dónde van a salir los recursos para financiar este proyecto? Es la pregunta que más surgió durante la discusión, que se extendió por siete horas, acerca de cómo se dará servicio a entre 50 y 75 millones de mexicanos que no cuentan con seguridad social.

De acuerdo con el senador Samuel García (MC), la propuesta es una “ocurrencia”, pues se necesitarían al menos 2.5 billones de pesos para lograr la universalidad de la salud, lo que requiere alcanzar un presupuesto de 9 billones para el país, cuando ahora es de 6 billones.

“Creemos que son visiones improvisadas que no se sustentan en evidencia, no hay ni un dato que sustente que es mucho mejor esto que el Seguro Popular”, señaló el legislador de Nuevo León.

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Aseguró que la reforma “es una estocada final del federalismo”, porque establece que los estados paguen al centro los beneficiarios; además, cuestionó que se quiera desaparecer al Seguro Popular con el argumento que de hubo “raterías”, pero no hay evidencia de que el Insabi será mejor.

“Si hubo raterías (…) métanlos al bote, pero no destruyan un programa que, aunque es perfectible, le dio seguridad social a los mexicanos”, afirmó.

La senadora Beltrones coincidió en que es una propuesta “sumamente ambiciosa” al tratar de dar seguridad a todas las personas, incluyendo a personas que se encuentran en el territorio nacional sin importar su situación migratoria, pero pidió establecer un plazo de transición ordenada y dar garantías.

Estimó que la propuesta necesitaría 792,600 millones de pesos para dar seguridad a 75 millones de mexicanos.

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La senadora Martha Márquez (PAN) insistió en que se necesitaría una inversión de 6% del PIB para dar servicio universal. Durante su participación, entre lágrimas, lamentó que no se le esté dando atención a los papás con niños con cáncer. También aseguró que se están tomando decisiones sin analizarlas bien.

“La incompetencia es corrupción y la incompetencia mata”, afirmó.

En el caso del PRD, el senador Juan Manuel Fócil comentó que la bancada está a favor de la propuesta, pero hizo observaciones como en el caso de qué va a pasar con los trabajadores de las instituciones de salud de los estados, pues si bien en el artículo transitorio cuarto se establece que “sus derechos laborales se respetarán”, no está claro de qué ley se habla si se está en la “antesala de la centralización de la salud pública”.

“Quiero comentar que no podemos pasar en el sistema de salud problemas como nos pasó con los policías federales que, al hacerse la Guardia Nacional, no eran compatibles los derechos que tenían los policías federales con la nueva Guardia Nacional, y nos ha generado manifestaciones, bloqueos y, según ellos, están perdiendo derechos laborales”, puso como ejemplo.