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Morena dice que hay acuerdo para dar prisión preventiva en casos de huachicoleo

Mario Delgado, líder de los diputados morenistas, dijo que la reforma constitucional en esta materia se votará en la primera sesión ordinaria del próximo periodo, el 5 de febrero.
Huachicol
A discusión. La atención a esta reforma cobró fuerza luego de la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde el viernes pasado ocurrió una explosión en una toma clandestina.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aseguró este martes que existe un acuerdo entre las bancadas para votar la reforma que establecería la prisión preventiva de oficio para casos de huachicoleo durante la primera sesión ordinaria del próximo periodo, es decir, el martes 5 de febrero.

Tal cambio constitucional ya fue aprobado por el Senado y es una de las prioridades del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Desde la explosión del viernes pasado en una toma clandestina de combustible en Tlahuelilpan, Hidalgo, el líder parlamentario ha llamado a través de sus redes sociales a aprobar esta reforma, para dar más herramientas a las autoridades federales para combatir el robo de hidrocarburos.

“Hay un huachicoleo a gran escala que roba el combustible, que lo distribuye y que lo vende de manera ilegal con la complicidad de autoridades. Ese es el que queremos que se convierta en delito grave para que tenga prisión preventiva oficiosa”, dijo Delgado.

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Sin embargo, el camino para aprobar la minuta del Senado que modifica el artículo 19 de la Constitución no es sencillo.

La Cámara de Diputados debió aprobarla en su pasado periodo extraordinario de sesiones, pero clausuró trabajos porque las bancadas no llegaron a los acuerdos necesarios.

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Esto se debió a que la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro modificó la minuta y redujo de 12 a tres los nuevos delitos que ameritarían prisión preventiva oficiosa, lo que causó la molestia de los senadores.

En una comunicación que el Senado hizo llegar a la comisión, le solicitó mantener el documento en sus términos, es decir, que además de los delitos de robo de combustibles, corrupción y los del ámbito electoral y fiscal, incluyera en la lista los otros nueve.

No obstante, los diputados de oposición consideran que ampliar el catálogo de delitos graves se contrapone con la presunción de inocencia establecida en el artículo 20 constitucional y con los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos.

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