La Función Pública revisa el patrimonio de Rosario Robles y Emilio Lozoya
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- En comparecencia ante comisiones de la Cámara de Diputados, la secretaria de la Función Pública, Arely Gómez, informó que la dependencia a su cargo está revisando el patrimonio de Rosario Robles, titular de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Gómez dio a conocer lo anterior luego de que legisladores acusaron pasividad por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en casos emblemáticos de posibles actos de corrupción: la llamada “estafa maestra” con la que se vincula a la Sedatu y a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por un lado, y la trama de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, por otro.
“Sí, sí existen verificaciones patrimoniales instauradas a Rosario Robles y a Emilio Lozoya; sin embargo, en ejercicio del derecho de audiencia que les otorga la ley, están en la etapa de aclaraciones, por lo que respetando su derecho de defensa, no puedo informarles más al momento”, dijo la funcionaria.
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Durante la comparecencia con motivo del análisis del sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, diputados de Morena señalaron deficiencias en el desempeño de la SFP y aseguraron que este sexenio no cumplió su propósito de combatir la corrupción.
La diputada Aleida Alavez acusó que esta administración está marcada tanto por actos corruptos como por la impunidad.
“En este gobierno, al menos así lo estamos observando en la glosa que realizamos, los titulares de cada sector parecen no enterarse de nada, y tampoco ustedes. Casos de corrupción van y vienen, en medio de la más absoluta impunidad”, dijo la morenista.
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A su vez, diputados de MC aseguraron que la impunidad en los casos de “La estafa maestra” y la llamada ‘casa blanca’ de la familia presidencial fueron el sello de este sexenio.
El presidente de la Comisión de Vigilancia, Mario Alberto Rodríguez, dijo que hay vacíos en materia de sanciones, pese a las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Consideró que la desconfianza en las instituciones demanda que desde el Congreso se combata la corrupción y se garanticen la transparencia y la rendición de cuentas.
