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MC plantea abrir la información de las empresas que sean subcontratadas

La iniciativa plantea obligar a que deba hacerse pública toda la información de las empresas que sean subcontratadas por las compañías que ganen contratos con el gobierno.
mié 10 octubre 2018 08:30 PM
Transparencia MC
Este miércoles quedó instalada la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El grupo parlamentario de MC en el Senado propuso reformas legales para blindar los recursos que se destinan a la compra de bienes y servicios en las instituciones públicas, obligando a que las empresas que ganen contratos públicos y las compañías que lleguen a subcontratar deban abrir toda su información.

Lo anterior busca evitar que se repitan esquemas como el de "La estafa maestra", en el que la Sedesol y la Sedatu asignaron contratos a universidades públicas y estas, a su vez, subcontrataron a otras empresas a través de las cuales se desvió dinero.

La iniciativa plantea reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y fue retomada por el senador de MC Clemente Castañeda, al instalar la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana.

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La iniciativa propone la obligación de publicar la información de las empresas que son subcontratadas por parte de la compañía adjudicada, debiendo precisar montos y conceptos subcontratados con terceros.

En materia de transparencia, plantea crear un Portal de Difusión de Adquisiciones como medio de acceso de la sociedad a la información sobre compras públicas, así como la obligación de los entes públicos a subir datos para alimentar la plataforma digital del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

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En materia de rendición de cuentas, plantea que deban registrarse en el Sistema de Servidores Públicos todos los funcionarios que intervengan en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

También faculta y obliga a las contralorías de los entes públicos contratantes para que realicen diligencias con el objeto de verificar la existencia real y física del domicilio otorgado por parte de los licitantes, y con ello evitar fraudes y simulaciones.

La iniciativa fue turnada para su análisis a las comisiones unidas de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, y de Estudios Legislativos.

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