Senadores de oposición impugnan Ley de Publicidad Oficial ante la SCJN
Los senadores Martha Tagle, Ernesto Ruffo y Daniel Ávila promovieron este jueves una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley General de Comunicación Social.
La impugnación, respaldada por un grupo de 51 legisladores del PAN, PRD y PT, se debe a que la Ley de Publicidad Oficial no garantiza la libertad de expresión ni el derecho a la información, y sí da facultades a la Secretaría Gobernación (Segob) para que continúe contratando publicidad para el gobierno de forma discrecional, explicó la senadora independiente Martha Tagle.
“Estamos impugnando, con esta acción de inconstitucionalidad, todo el cuerpo de la Ley General de Comunicación Social. Estamos resaltando lo que tiene que ver con el uso discrecional de los recursos públicos para la contratación de medios y de propaganda gubernamental y las facultades discrecionales que le dan a la Segob para seguir siendo quien controle la contratación de espacios públicos para propaganda gubernamental”, declaró.
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Derivada principalmente de una iniciativa presentada por el PRI, la Ley de Comunicación Social se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de mayo. Sus críticos –académicos y organizaciones de la sociedad civil– la bautizaron como 'Ley Chayote' porque estipula que la Segob sea la única instancia que evalúe las campañas de comunicación social del gobierno, pero no fija un tope de gastos para este fin ni establece sanciones para quienes no cumplan con sus reglas.
Ernesto Ruffo Appel, senador por Acción Nacional, mencionó que los legisladores entregaron a la SCJN documentos que confirman “manipulación” en las comisiones del Senado para que se aprobara la Ley de Publicidad Oficial y otros que documentan que la Mesa Directiva violentó los reglamentos internos para avalarla.
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“Son los ministros los que someterán a un proceso donde, finalmente, cuando ellos establezcan el momento pertinente, darán un fallo al respecto. No tienen un límite en cuanto al tiempo en que deban hacerlo. Ellos son libres de analizar, revisar, pedir información y tomar el tiempo que les sea necesario”, comentó el panista
La Ley General de Comunicación Social es resultado de un amparo que las organizaciones Fundar y Artículo 19 ganaron en abril pasado y que ordenó al Congreso de la Unión regular la contratación de espacios publicitarios para el gobierno en medios de comunicación.
Organizaciones nacionales han señalado que la publicidad oficial ha sido utilizada por los gobierno como mecanismo de censura, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha advertido de la importancia de la normativa en el otorgamiento de contratos a medios de comunicación .
