La CDMX ofrece viviendas a quienes denuncien a invasores de áreas protegidas

Con ello, buscan identificar a los responsables de fraudes, desarticular redes delictivas dedicadas a la invasión de suelo protegido y contar con sustento jurídico suficiente para iniciar procesos penales en su contra.

“Cualquier persona que haya dado dinero por un terrenito en tal lugar, que haga la denuncia y con mucho gusto la Secretaría de Vivienda está para ofrecer vivienda asequible, digna, en lugares donde hay servicios públicos, con certeza jurídica y como un derecho que tienen, a obtener vivienda digna", anunció la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada.

La Jefa de Gobierno resaltó el pasado 3 de julio que la CDMX cuenta con 88,000 hectáreas de suelo de conservación, principalmente en alcaldías como Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan, Xochimilco y parte de Álvaro Obregón. Destacó que esta zona no solo es importante por ser el “pulmón” de la capital, también es responsable de infiltrar hasta el 70% del agua que se consume en varias alcaldías a través de pozos.

Para analistas consultadas por Expansión Política, incentivar la denuncia es necesario, pero insuficiente. Coinciden que se requiere una campaña informativa amplia y contundente que advierta claramente qué zonas no son aptas para la construcción de vivienda, así como las consecuencias jurídicas y penales que enfrentan quienes invaden o comercializan predios en áreas protegidas.

“Se necesitan espectaculares o grandes anuncios, que todo mundo pueda ver con la leyenda: No compres aquí, este predio es un área protegida, no es para vivienda, no caigas en un fraude, un mensaje así de simple y claro podría evitar muchísimos fraudes,” asegura Mariana Samudio, abogada especialista en el ramo penal e inmobiliario.

Recuperación de áreas naturales

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México presentó el pasado 3 de julio un plan para proteger las Áreas Naturales y de Valor Ambiental ubicadas principalmente al sur de la capital.

La estrategia contempla un “cerco satelital” que permitirá monitorear de manera constante, a través de imágenes obtenidas por plataformas especializadas, el crecimiento de la mancha urbana y así obtener elementos necesarios para intervenir en zonas invadidas por personas u organizaciones sociales.

De acuerdo con un informe de la Secretaría del medio Ambiente de la Ciudad de México, al primer semestre de 2025 diversas instituciones del gobierno capitalino han llevado a cabo 28 operativos donde se recuperaron poco más de 2 millones de metros cuadrados de suelo verde que fueron invadidos para construir viviendas

El área recuperada por autoridades capitalinas equivale a:

• 284 canchas de futbol
• 11.3 pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
• 1,624 albercas olímpicas

Tras los invasores

El pasado 20 de junio, la Secretaría del Medio Ambiente –en coordinación con diversas instituciones del gobierno central– intervino el predio conocido como “Las Calabacitas”, ubicado en las faldas del volcán Xaltepec, en la zona limítrofe entre Iztapalapa, Tláhuac y el municipio de Chalco, Estado de México.

Este terreno de 3.75 hectáreas, clasificado como suelo de conservación, había sido invadido por personas que, según la titular de Medio Ambiente local, Julia Álvarez Icaza, pagaron hasta 700,000 pesos por cada lote adquirido de forma ilegal.

El secretario de Gobierno capitalino, César Cravioto, señaló al grupo denominado “Sindicato Libertad” como uno de los principales responsables de la apropiación irregular de predios en esa zona.

De acuerdo con el funcionario, dicha organización había establecido en "Las Calabacitas" un centro de operaciones, con la intención de desarrollar vivienda en el sitio. “Es un grupo que actúa en gran medida, al margen de la ley, ya tenía todo para invadirlo con vivienda”, dijo.

La abogada Mariana Samudio explica que los fraudes cometidos mediante la venta de terrenos en Áreas Naturales Protegidas o Áreas de Valor Ambiental están contemplados en el Código Penal de la capital en los artículos 230 y 231.

Considera necesario y urgente que haya incentivos desde el Gobierno capitalino para denunciar organizaciones o la venta irregular de predios en zonas que no son habitables o urbanizadas.

“Si existen contratos de por medio, se puede proceder legalmente por la vía civil, ante el incumplimiento de un contrato, sin embargo, esta vía suele ser la menos eficiente para hacer justicia”, señala.

Áreas de oportunidad de la propuesta

Joselyne Ramírez, directora de Linking Minds y especialista en Políticas Públicas y Gobernanza, ve bien que la estrategia planteada por el Gobierno capitalino no se limite al control territorial con herramientas como el cerco satelital y que se incorporen componentes clave como el impulso a la productividad del suelo de conservación y campañas informativas para prevenir fraudes.

No obstante, considera que una de las áreas de oportunidad de la iniciativa es fortalecer el acompañamiento del cerco satelital con instrumentos de ordenamiento territorial vinculantes y con un proceso de identificación de suelo urbano disponible y formal.

“Eso permitiría absorber la demanda legítima de vivienda de forma planificada y sin comprometer áreas protegidas”, explica.

La especialista sugiere avanzar hacia mecanismos de financiamiento ambiental, como pagos por servicios ambientales o fideicomisos de conservación, que ofrezcan sustentabilidad financiera a las comunidades que viven y cuidan el suelo de conservación.

También resalta la importancia de involucrar a los pueblos y barrios en la defensa de sus áreas naturales.

Ambas analistas consultadas coinciden en la importancia de promover una fuerte campaña de conciencia ciudadana sobre las implicaciones sociales, jurídicas y ambientales de la invasión irregular de predios y el quebranto económico que pudiera significar invertir en un terreno irregular.