Ataque en CDMX será “parteaguas” en seguridad de funcionarios, dicen expertos

Ximena Guzmán y José Muñoz, secretaría particular y coordinador de asesores de la jefa de gobierno, fueron asesinados a tiros en la Calzada de Tlalpan.

Los funcionarios públicos eran parte del grupo más cercano a la mandataria capitalina, por tanto conocían la agenda pública y privada y tenían relación con todas las áreas de gobierno, incluidos los gabinetes de seguridad, atención a programas sociales y políticas de distintos ámbitos.

Un parteaguas sobre seguridad a funcionarios

Desde 2018, una de las políticas implementadas por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la eliminación del estado Mayor Presidencial y de cuerpos de seguridad o escoltas a funcionarios públicos.

El 13 de diciembre de ese mismo año, la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum -hoy presidenta-, implementó una medida similar y eliminó 1,4000 policías de distintas corporaciones asignados a labores de seguridad a funcionarios públicos y a algunos empresarios.

“Son escoltas que se daban sin ningún costo para quienes las tenían y que representaban un costo de 21 millones de pesos al mes. Se acabaron los privilegios y sobre todo no es justo que la ciudadanía no tenga a sus policías en las calles”, dijo en su momento.

En este contexto, Victor Hernández, investigador del Tec de Monterrey y experto en temas de seguridad, considera que el ataque contra Ximena y José es muestra del riesgo de haber eliminado dispositivos y personal de resguardo a funcionarios de alto nivel, desde la llegada de la llamada “cuarta transformación” a nivel local y federal.

“Fue un desacierto que fue en la administración del expresidente López Obrador, el deshacerse de todas las medidas que existían para proteger a funcionarios de alto nivel, se vendieron buena parte de las flotas de vehículos blindados porque se decía que eran lujos innecesarios”, apunta en entrevista.

Rodrigo Cornejo, especialista en seguridad, no coincide con esta visión, pues considera que parte de la política central del actual partido en el poder es su cercanía con la sociedad, no obstante el crimen de este 20 de mayo, será un parteaguas en las medidas de seguridad hasta para los propios gobernantes de todos los niveles.

“Se debe hacer un perfil detallado de cada funcionario y en función de ello, tomar las medidas específicas. Debe hacerse una evaluación para prevenir futuras agresiones”, señala.

¿Un mensaje político?

Cornejo asegura que el ataque contra Ximena y José fue directo, certero y perpetrado con profesionalismo, descartando que se tratara de un hecho fortuito o improvisado, sino un acto de intimidación contra los operativos implementados para disminuir la incidencia delictiva en varias de sus modalidades.

“Este ataque tiene una clara intención política. No se trata de un asalto. Es un mensaje violento, directo contra el ejercicio de la autoridad en la Ciudad de México”, dice.

Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano, considera que el tipo de ataque perpetrado contra los dos funcionarios cercanos a la jefa de gobierno sugiere la intención de enviar un mensaje a todas las esferas del poder.

Sin embargo, advierte que, debido al alto nivel de violencia, este hecho podría tener importantes repercusiones tanto políticas como en materia de seguridad. Por ello, subraya que la transparencia en el manejo de este caso será crucial para evitar cualquier tipo de especulación.

“Estamos hablando de un delito que tiene una fuerte relevancia social, por el rol que cumplían las dos víctimas. Creo que sí es importante que exista cierto tipo de transparencia”, explica.

Aumenta seguridad de Brugada

Tras los ataques contra dos de sus colaboradores, la jefa de gobierno, Clara Brugada, incrementó su seguridad en eventos públicos, con personal de seguridad civil, ayudantía y la presencia de una ambulancia.

A diferencia de los eventos realizados desde el inicio de su administración, el ingreso de asistentes al evento realizado en la colonia Buenos Aires de la alcaldía Cuauhtémoc, fue más controlado y con revisión de pertenencias.

A ello se suman cierres de vialidades antes, durante y después del paso del vehículo que traslada a la mandataria.