Un factor más, explicó, fue que en el tramo que soportaba el paso del tren se colocaron apoyos móviles, sin embargo, debieron instalase tramos fijos, los cuales tienen una mayor resistencia al movimiento.
“Debió haber sido un apoyo fijo, se colocó un apoyo móvil, el reporte de DNV da cuenta de eso. Los apoyos de los cabezales fueron confundidos, en el tramo gemelo este apoyo es fijo, la instrucción fue que estos apoyos fueran fijos y en el tramo colapsado no se siguieron las instrucciones.
“Si esto hubiera tenido apoyos fijos la estructura habría estado deformada, pero no habríamos tenido un colapso”.
Tomás Andrade Ramos, ingeniero arquitecto del IPN.
Así mismo, dijo que no se tomaron las medidas para monitorear el comportamiento de la estructura como indicaba el manual entregado por la empresa constructora y la inclinación en este punto de la vía había superado los 3 centímetros permisibles en la norma.
Teófilo Benítez, principal abogado del grupo de víctimas, sostuvo que esto demuestra que el colapso no fue un hecho imposible de prever, sino que se trató de un acto de corrupción.
“Esa falta de colocación de pernos no podemos llamar negligencia, no podemos llamar olvido, no podemos llamar un descuido. Todo eso lo podemos definir en una palabra: corrupción”, indicó el abogado.
El litigante sostuvo que no se trató de un hecho fortuito ni tampoco culposo, sino doloso, pues no se cumplió con lo señalado en el Manual de Mantenimiento de la Línea 12 en su tramo elevado.
La defensa de las víctimas solicitará en la audiencia que se reclasifiquen los delitos de homicidio y lesiones culposas a dolosas eventuales, esto al considerar que el siniestro pudo ser evitado por funcionarios públicos encargados del sistema de este gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, así como las administraciones de Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard.
