El Congreso de la CDMX aprueba la reforma de AMLO sobre programas sociales

Con 23 diputados presentes en el recinto de Donceles y otros 23 participando a distancia, los legisladores avalaron subir los programas sociales a rango constitucional. Al implicar cambios a la Carta Magna del país, esta reforma no solo requiere el visto bueno de la Cámara de Diputados y del Senado, sino de más de la mitad de los congresos locales.

Sin embargo, no fue el artículo en sí lo que se discutió en el pleno, sino la legalidad de la sesión, pues la convocatoria a la misma fue realizada solo por la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales, de Morena.

“La normativa del Congreso es precisa al señalar que la determinación de sesionar en una sede alterna corresponde a las dos terceras partes de las y los diputados, a propuesta de la Junta de Coordinación Política, por lo que la convocatoria que usted ha hecho para la sesión virtual del 3 de abril de 2020 resulta ilegal”, señaló en Twitter el panista Federico Döring, quien no participó en la sesión.

Legisladores del PAN como Gabriela Salido, Diego Garrido, América Rangel y Patricia Baez fueron sacados de la sesión virtual que se realizó a través de Zoom, mientras diputados de Morena como Temístocles Villanueva, Martha Ávila y Leticia Varela tenían dos sesiones al mismo tiempo.

Jorge Gaviño, coordinador del PRD, reclamó que, mientras diputados federales y senadores siguen laborando, en el caso del Congreso capitalino los legisladores de Morena no están considerando esto como una tarea esencial.

Gaviño criticó que la sesión fuera convocada para aprobar una reforma del presidente López Obrador, mientras la ciudad atraviesa por una emergencia sanitaria por el COVID-19.

“Los programas sociales del presidente no están en riesgo, lo que le interesa a la ciudadanía y por lo que deberíamos sesionar es la salud”, dijo el perredista.

“Nos invitaron a reuniones con la Secretaría de Salud y lo que nos dijeron fue lo mismo: no es de urgencia. No fue de urgente y obvia resolución llamar a la secretaria (de Salud local, Oliva Pérez Arellano) para que nos explicara el programa emergente que están aplicando sin consenso de este Congreso, ni siquiera con el conocimiento”, argumentó.

La reforma al artículo cuarto establece la obligación del Estado para dar apoyo económico para personas con discapacidad, adultos mayores a partir de los 68 años y 65 años para el caso de indígenas, así como becas a estudiantes de todos los niveles del sistema de educación pública.