Para atender las denuncias por abusos, extorsiones u otros ilícitos cometidos por policías de la Ciudad de México, las autoridades capitalinas y ciudadanos instalaron esta semana una nueva Comisión Ciudadana contra la Corrupción Policial.
Esta instancia estará integrada por siete personas: un representante de la Secretaría de Gobierno local, uno de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), uno de la Procuraduría General de Justicia (PGJ-CDMX) y cuatro consejeros ciudadanos.
¿Qué hará la comisión?
Este equipo estará encargado de investigar, analizar y atender los casos de corrupción que se denuncien en la línea telefónica 5533-5533 y en el Chat de Confianza del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Estos reportes podrán ser enviados por ciudadanos o incluso por los propios policías, en caso irregularidades detectadas dentro de sus corporaciones.
“Cuando la policía ejerce actos de corrupción, se aleja de su función, de su misión, que es proteger a la ciudadanía”, dijo este jueves el titular de la SSC, Jesús Orta, durante la presentación de la nueva comisión.
“El proyecto que hoy se presenta fortalece la participación de la ciudadanía en un aspecto que es esencial para mejorar la seguridad en la ciudad, y que es tener una policía limpia, honesta y libre de corrupción”, añadió.
¿Quiénes serán los consejeros ciudadanos?
Los asientos para consejeros ciudadanos se repartirán así: uno será para un miembro del Consejo Ciudadano y tres serán para miembros honorarios con derecho a voz y voto.
“La presencia de los consejeros ciudadanos es lo que distingue a la comisión, implica que no hay una mayoría distinta a la ciudadana y da la confianza de que los casos serán imparcialmente atendidos”, dijo Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano.
¿Cómo se atenderán las denuncias?
Cada denuncia deberá ser respondida en un periodo máximo de 15 días; de lo contrario, podrá hacerse pública.
La comisión sesionará cada dos meses o de forma extraordinaria en caso de que se considere necesario.
Por cada denuncia se deberá emitir un informe técnico acompañado de una opinión calificada, que será enviado a las instancias correspondientes para que se investigue y resuelva cada caso.