La sobredemanda eléctrica y la lección del modelo de soberanía para la inversión

Durante seis años, la conversación energética en México giró alrededor de una dicotomía limitada: privatizar o cerrar la participación. La realidad de 2026 ofrece una opción más útil para pensar el desarrollo del sector energético del país a largo plazo. El esquema reserva 54% de participación a la CFE mediante aportaciones en especie (terrenos, contratos de compra de energía, gestión de permisos) y abre 46% a inversionistas privados que aportan capital líquido y construyen las centrales. La estructura blinda la rectoría sobre infraestructura crítica y simultáneamente baja el costo de capital para los desarrolladores. Como expresó un ejecutivo del sector durante el 4° Foro de Energía e Infraestructura del IMEF, "con la CFE de socio, los bancos te prestan" (El Informador, 22 de abril de 2026).

La fórmula tiene precedentes que vale la pena observar. Noruega construyó su industria petrolera y eléctrica sobre un principio similar: Equinor y Statkraft operan como brazos del Estado con participación pública mayoritaria, espacio para socios privados y rendición de cuentas reforzada. El resultado, después de cinco décadas, es uno de los fondos soberanos más grandes del mundo y una matriz eléctrica casi enteramente renovable. La lección noruega tiene un componente metódico: cuando el Estado conserva la rectoría sobre el activo estratégico y profesionaliza su gestión, el capital privado se convierte en aliado de largo plazo.

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México llega a este momento con ventajas estructurales relevantes. La cobertura eléctrica alcanza 99.7% de la población, por encima del promedio mundial de 91.3% (CFE, abril de 2026). La capacidad instalada superó los 90,000 MW en 2025 y el 26% de estas proviene de fuentes de energía limpias. Sobre esa base, el Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030 contempla inversiones por 624,000 millones de pesos, 158 proyectos de transmisión y la incorporación de casi 22,000 MW adicionales (Proyectos México, 2026). El esquema de inversión mixta articula esa planeación pública con el dinamismo del capital privado. Lo que da una señal de que el nearshoring sigue identificando a México como un nodo eléctrico con futuro.

Detrás de un parque solar o un ciclo combinado hay una decisión de país. La energía sostiene la productividad de la manufactura avanzada, la cadena de frío de la industria farmacéutica, la operación de los centros de datos que hoy llegan al país, la luz de un aula escolar o un ventilador en un hospital. La arquitectura institucional que decida cómo se construye, opera y financia esa energía determina la prosperidad compartida o concentrada de la próxima década.

El esquema 54-46 puede traducirse a otros sectores donde la incertidumbre regulatoria sigue frenando la inversión. Telecomunicaciones, agua, infraestructura logística y conectividad digital enfrentan retos similares: la rectoría pública necesita capital privado y el capital privado necesita certidumbre institucional.

La sobredemanda eléctrica enseña que el modelo funciona cuando las reglas son específicas, los plazos creíbles y la rendición de cuentas es profesional. Si México logra codificar esa experiencia en una arquitectura replicable, habrá descubierto algo más valioso que un éxito sectorial: una manera consistente de planear, articular y construir puentes para el desarrollo desde lo público.

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Nota del editor: Javier Jileta-Okholm es economista (ITAM), urbanista (UCL), columnista en El Soberano y El Universal, y fundador de Scientika Core Strategy. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.