Desde el pasado 22 de agosto de 2025 se marcó un hecho histórico para la justicia mexicana. Ese día, el Semanario Judicial de la Federación publicó dos tesis aisladas que representan el primer intento serio de definir criterios éticos para el uso de inteligencia artificial (IA) en procesos judiciales. Aunque no son de cumplimiento obligatorio, estos criterios trazan una hoja de ruta imprescindible en un país que todavía carece de una regulación específica sobre IA en la justicia.
Inteligencia Artificial y Justicia en México. Innovación necesaria, un avance responsable
La IA puede apoyar tareas técnicas, como análisis de información, estimaciones o clasificación de documentos, pero está expresamente limitada cuando puede afectar derechos fundamentales.
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El caso que dio origen a estas tesis ocurrió cuando un juez, sin explicar su metodología, fijó una garantía procesal de 50,000 pesos por inmueble en disputa. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito decidió revisar esa decisión y, para ilustrar cómo se debería calcular una cifra más razonada, recurrió a una herramienta de IA que realizó cálculos basados en datos oficiales como valores de propiedad, inflación y tasas de interés. El resultado fue un monto menor y, sobre todo, más objetivo, transparente y verificable.
Este ejemplo, aparentemente técnico, encierra una reflexión profunda: la IA no debe sustituir, sino complementar la labor del juez. El Tribunal estableció cuatro principios mínimos que deben guiar el uso de IA en procesos judiciales:
- Proporcionalidad y seguridad: su uso solo cuando sea necesario y adecuado para un fin legítimo.
- Protección de datos personales: evitando que el procesamiento comprometa la información de los involucrados.
- Transparencia y explicabilidad: los métodos, datos y resultados deben poder explicarse y auditarse.
- Supervisión humana: la deliberación y decisión final sigue siendo de los jueces, no de un algoritmo.
Estos principios no son meros adornos retóricos: buscan responder a un dilema central en la era digital: ¿Cómo integrar la tecnología sin sacrificar derechos fundamentales ni el sentido humano de la justicia?
A nivel internacional, el debate sobre el uso de la IA en la impartición de justicia ya se encuentra en una etapa más madura. En la Unión Europea, por ejemplo, el recientemente aprobado Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act) clasifica el uso de IA en el ámbito judicial como de alto riesgo, lo que implica obligaciones estrictas en materia de transparencia, trazabilidad, gestión de riesgos y supervisión humana. El mensaje es claro: la IA puede apoyar tareas técnicas, como análisis de información, estimaciones o clasificación de documentos, pero está expresamente limitada cuando puede afectar derechos fundamentales. En ningún caso se permite que un sistema automatizado sustituya la valoración judicial ni la motivación de una resolución.
En Estados Unidos, el enfoque ha sido más fragmentado pero igualmente cauteloso. Algunos tribunales han utilizado herramientas algorítmicas para evaluar riesgos procesales o agilizar cargas administrativas; sin embargo, estos usos han generado fuertes debates debido a la opacidad de ciertos modelos y a posibles sesgos discriminatorios. Como respuesta, varias cortes han exigido que cualquier herramienta de IA utilizada sea explicable, auditable y sujeta a contradicción por las partes, reforzando el principio de debido proceso. Estas experiencias internacionales muestran que el verdadero reto no es adoptar la tecnología, sino establecer límites claros y responsabilidades definidas, una lección que México tiene la oportunidad de incorporar desde una etapa temprana.
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En México, donde aún no existe un marco normativo específico sobre IA en el ámbito judicial, estos criterios emergen como un intento pragmático de anticipar lo que vendrá. El Tribunal mismo ha sugerido que, al faltar regulación nacional, se deberían considerar normativas internacionales de referencia, como el Reglamento Europeo de IA, que también limita el uso de estas herramientas a funciones auxiliares bajo supervisión humana.
Esto plantea dos reflexiones urgentes.
Por un lado, la tecnología ya está aquí: no solo en la justicia, sino en la práctica diaria de despachos legales y sectores corporativos que ya incorporan IA para análisis de datos, automatización de documentos y predicción de tendencias. Su impacto puede ser positivo, como la eficiencia, la reducción de errores y la uniformidad en cálculos complejos, pero también trae consigo riesgos que no pueden ignorarse. Importa poco que la IA sea una herramienta sofisticada si carece de transparencia o si reproduce sesgos y errores que, en un contexto judicial, terminan afectando derechos y libertades.
Por otro lado, México enfrenta un desafío añadido: la desigualdad tecnológica entre sus tribunales. Algunas salas cuentan con infraestructura digital avanzada; otras carecen incluso de lo básico. Sin un marco regulatorio claro y una estrategia nacional de capacitación y equipamiento, existe el riesgo de que la justicia digital profundice desigualdades en lugar de mitigarlas.
Este texto no se limita a celebrar el avance técnico que representa este precedente judicial. Más bien, plantea una visión crítica: la IA no es una meta en sí misma, sino una herramienta cuya legitimidad se construye día a día con reglas claras, transparencia, formación continua de jueces y abogados, y un compromiso inquebrantable con los derechos humanos. Si la justicia del siglo XXI quiere ser tanto eficiente como equitativa, México debe apostar no solo por adoptar IA, sino por regular con visión de futuro.
Porque, al final, no se trata de tener tecnología en los tribunales, sino de asegurar que esa tecnología fortalezca la justicia, no la reemplace ni la oscurezca.
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Nota del editor: Guillermo Larrea es socio en ciberseguridad y compliance en Hogan Lovells. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.
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