La política energética del sexenio de López Orador ha sido ampliamente discutida y señalada desde el primer día de su gobierno, cuando decidió cancelar el mecanismo de participación privada en el sector hidrocarburos, conocido como rondas petroleras y, poco después, cancelar también las subastas eléctricas. La constante de esta política ha sido, durante más de cinco años, el dar un trato preferencial a las empresas productivas del estado (EPEs), Pemex y CFE, en detrimento de la participación de las empresas privadas, justificando que se busca su “fortalecimiento”.
#ColumnaInvitada | No nos hemos salvado: las consultas del T-MEC siguen vigentes
A escasos meses del final de sexenio, las consultas siguen sin resolverse, aunque ni Estados Unidos ni Candá han activado un panel de solución de controversias.
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Cabe recordar que, luego de múltiples advertencias e intentos de conciliación entre el gobierno mexicano y diversas empresas norteamericanas, el 20 de julio de 2022 el gobierno de Estados Unidos anunció la solicitud de consultas para la solución de controversias al amparo del capítulo 31 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), bajo el argumento de que las acciones de política pública y regulatorias del Estado mexicano han impactado negativamente a las empresas estadounidenses del sector energético, para beneficiar a la CFE y Pemex. Canadá se sumó rápidamente en ese momento a las consultas.
A escasos meses del final de sexenio, las consultas siguen sin resolverse, aunque ni Estados Unidos ni Canadá han activado un panel de solución de controversias. En el caso del gobierno de Joe Biden, las presiones electorales pueden explicar por qué es mejor evitar el panel este año, en donde el principal tema de la agenda bilateral es la migración. En México, por otra parte, el discurso nacionalista y el concepto de “soberanía energética” han sido redituables políticamente, por lo que el presidente tiene razones poderosas para continuar con esta retórica y no ceder ante las demandas de sus socios norteamericanos.
Claudia Sheinbaum, la candidata puntera en estos momentos, ha evitado pronunciarse abiertamente al respecto, pero propone en su documento de “100 pasos para la transformación” una continuación de la política energética del presidente López Obrador. Si bien brinda mayor relevancia a los temas de transición energética, fomento de las energías limpias y electromovilidad, la continuidad tiene como eje rector el “fortalecimiento” de Pemex y CFE”.
En este contexto, hace unas semanas, surgieron declaraciones por parte de la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en las que anunciaron que las consultas de energía en el marco del T-MEC ya no tenían sustento y que la resolución de la segunda sala de la SCJN sobre la inconstitucionalidad de múltiples artículos de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) habían “salvado” a México de tener enfrentar un panel de solución de controversias.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salió a aclarar que la consulta se mantiene y Raquel Buenrostro se vio obligada a rectificar sus declaraciones alegando que la Corte se había “equivocado”.
A pesar de las confusiones que estas declaraciones generaron, llama la atención que se pretenda zanjar el tema cuando el fondo de las consultas es el trato discrimatorio en contra de las empresas privadas del sector energético. Los temas que Estados Unidos reclamó en su momento fueron: i) la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica; ii) la inacción, retrasos, denegaciones y revocaciones de las capacidades de empresas privadas para operar en el Sector Energético de México (permisos); iii) aplazamiento del Requerimiento de Suministro de Diésel de Ultra Bajo en Azufre (DUBA) únicamente para Pemex (NOM-016-CRE-2016); y, iv) acciones relativas al uso del servicio de transporte de gas natural de México (SISTRANGAS - Estrategia de transporte y almacenamiento de Sener).
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El Poder Judicial suspendió la reforma a la LIE y los intentos de implementar la estrategia de transporte y almacenamiento de gas natural de Sener que condicionaba indebidamente el acceso abierto no discriminatorio del sistema de ductos que opera el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), y buscaba fortalecer artificialmente la posición de las EPEs desplazando a los comercializadores privados. Sin embargo, permanecen las prácticas discriminatorias de la CRE tanto para el sector eléctrico como el de hidrocarburos con el retraso de trámites y la negación de permisos, y Pemex aún tiene una prórroga para el cumplimiento de la NOM-016-CRE-2016 en materia de contenido de DUBA que los privados no tienen.
En pocas palabras, México no ha resuelto ni una sola de las quejas señaladas en las consultas. No sólo eso, los dos temas que se han resuelto fueron consecuencia del contrapeso ejercido por el Poder Judicial en contra de los deseos del gobierno federal que, bajo principios y justificaciones que no están en línea con el marco legal vigente, pretende seguir aplicando su política energética.
Seamos claros: no hay señales de corrección de rumbo. El presidente ha propuesto una nueva reforma constitucional en la que plantea otorgar un estatus "especial” a CFE y Pemex, dejando claro que no busca cambiar el rumbo de su política discriminatoria; más bien, le marca una línea de acción a su posible sucesora, quien, además, asegura que continuará por este camino.
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Nota del editor: Mónica R. Díaz (@mony_rdiaz) es consultora especializada en temas energéticos en Integralia (@Integralia_MX). Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente a la autora.
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