#ColumnaInvitada | Aborto legal: una exigencia de justicia social y democracia

La marea verde está subiendo e inundando todo México, para que esto sea posible es de suma importancia que las y los legisladores locales reformen las leyes conservadoras y patriarcales.
La ola verde avanzó, pero aún continúan pendientes.

¡Todo se pintó de verde!... Las redes sociales, los medios de comunicación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien dio un fallo histórico para el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres al invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila y declarar inconstitucional penalizar el aborto, marcando un precedente para los otros estados del país, ¡lo cual también hizo que para muchas feministas nuestras corazonas se pintaran de verde!

Pero, realmente, ¿qué significa este fallo de la SCJN?, si bien es un gran avance en materia de derechos no es sinónimo de que las mujeres podrán decidir sobre sus cuerpos en todo México. Es la apertura de un largo camino, ya iniciado por los movimientos feministas en el país.

Si bien, se ha declarado inconstitucional penalizar el aborto, sigue siendo legal negarle a nivel nacional su derecho a las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Lo cual resulta grave en un país en donde en los primeros seis meses de 2021 se han reportado 12,258 casos de violación, según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional, y datos de la OCDE reflejan que México es el país número uno en embarazos adolescentes, que en su mayoría son resultado de agresiones sexuales.

Una de las acciones importantes al declarar inconstitucional la penalización del aborto es liberar a las mujeres sentenciadas a prisión por realizarse un procedimiento de interrupción del embarazo, suceso que ocurre en 28 entidades. Aunque dicha acción es elemental para restituir los derechos de las mujeres criminalizadas, la realidad patriarcal y misógina que viven las mujeres en la cárcel es muy distinta, en varios casos no han sido acusadas por aborto, sino por homicidio y sentenciadas como tal, por lo cual no se verían beneficiadas por la retroactividad establecida por la Corte. Lo anterior muestra los graves errores del sistema de justicia mexicano, así como el reflejo de gobiernos estatales machistas y misóginos, que condenan a las mujeres que deciden sobre su vida y su autonomía y eligen no querer ejercer la maternidad.

Una prueba de ello es que San Luis Potosí, el Poder Judicial del Estado, afirma que no cuentan con registro o datos de mujeres que se encuentren en prisión por la interrupción de su embarazo.

Como podemos analizar el Estado Mexicano aún está lejos de poder garantizar en todo el país a las mujeres, niñas y adolescentes el poder decidir libremente sobre sus cuerpos. Es cierto que las mujeres ya no podrán ser juzgadas penalmente por realizarse un aborto, sin embargo, seguirán sin tener posibilidades de acceder a una Interrupción Legal del Embarazo de forma gratuita y segura, las clínicas clandestinas seguirán existiendo en tanto la pobreza siga feminizada en este país y por lo tanto las mujeres viviendo en desigualdad, precarización y en condiciones de violencias machistas.

La despenalización del aborto aún no es una realidad en México, sin duda la resolución de la Corte ha sentado las bases para el ejercicio de la ciudadanía y la autonomía de las mujeres, el reconocimiento de la libertad reproductiva es fundamental para reconocer a las mujeres como sujetas autónomas de derechos, marca un precedente para que los tribunales locales garanticen el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, lo que abre caminos para garantizar su autonomía y hablar de un país democrático, eliminar las muertes de mujeres que ante la práctica de abortos clandestinos pierden la vida por lo tanto garantizar el aborto legal, seguro y gratuito para todas las mujeres en todo México, a la fecha esto solo es garantizado en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo.

Como decimos en los feminismos, la marea verde está subiendo e inundando todo México, para que esto sea posible es de suma importancia que las y los legisladores locales reformen las leyes conservadoras y patriarcales que han limitado, vulnerado y subordinado a más del 52% de la población mexicana.

Desde la Sociedad Civil seguiremos exigiendo “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, lo que implica que el Estado mexicano realice modificaciones en los sistemas de educación, salud y justicia. Desde las colectivas y organizaciones feministas continuaremos acompañando a las mujeres que deseen ejercer su derecho al aborto e interrumpir su embarazo, siempre desde la sororidad y empatía.

Reconocemos y celebramos este hecho histórico realizado por las magistradas y magistrados que votaron a favor de las mujeres en Coahuila, avance que ha sido influido y logrado por las activistas, colectivas feministas, organizaciones y cientos de mujeres que colectivamente y desde diversos espacios hemos resistido e insistido para ejercer libremente nuestros derechos sexuales y reproductivos.

El siguiente paso, legalizar el aborto en todo México para que todas las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos de todo el país.

La exigencia del derecho al aborto es una exigencia por la democracia y la justicia social, que busca asegurar el goce de los derechos humanos a todas las mujeres hoy privadas de ellos por diversas razones entre ellas la pobreza y la desigualdad social.

¡Por el derecho a decidir en todo México! ¡La maternidad será elegida o no será!

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Nota del editor: La autora es directora general de la Red Nacional de Refugios, AC, un espacio compuesto por más de 60 organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres.

Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.