A Lorenzo Córdova.
Las campañas electorales son una vía para el conocimiento público, un ejercicio informativo que busca que la ciudadanía pueda llevar a cabo el libre e informado ejercicio de su derecho activo al voto.
En algunas semanas se realizarán lo que los expertos denominan las “Elecciones Federales intermedias”; que no por intermedias son menores, pues en ellas se disputarán más de 20 mil cargos de elección popular. Se trata, como lo han señalado las propias autoridades electorales federales, de la mayor elección en la historia de nuestro país, en la que por lista nominal podrán ejercer su derecho a votar casi 94 millones de ciudadanos y en las que intervendrán como funcionarios electorales más de medio millón de mexicanos.
Uno de los retos más significativos durante las campañas electorales reside en la calidad de las propuestas que, a través de diferentes canales de comunicación, los candidatos y los partidos políticos hacen llegar a la ciudadanía durante el desarrollo de dichas campañas. Por supuesto, no hay que olvidar que los partidos políticos, al igual que cualquier otro sujeto obligado que recibe o ejerce recursos públicos o realiza actos de autoridad, tienen deberes específicos de transparencia y rendición de cuentas.
En materia de transparencia, el marco jurídico mexicano establece la obligación de los partidos políticos para llevar a cabo acciones de transparencia proactiva. Es decir, de poner a disposición de la población información ciertamente útil para que la ciudadanía pueda decidir a quién entrega su voto, por ejemplo: el padrón de militantes, los convenios de participación con otras organizaciones civiles, las aportaciones que reciben, los montos de financiamiento público o el currículo de sus dirigentes, aspirantes y candidatos, entre muchos otros aspectos que pueden orientar la ciudadanía para tome una decisión mucho más informada a la hora de hacer valer su derecho en las urnas.
Un punto importantísimo sobre la información puesta a disposición mediante los esquemas de transparencia proactiva reside en que dichos insumos informativos estén más allá de los argumentos de disuasión política contenidos en las promesas o discursos propios de los actores políticos. La información que se deriva de esa transparencia proactiva puede llegar a ser aún de mayor calidad y, por tanto, conformarse como insumos que son más útiles para la sociedad. Por lo que, en la medida en la que los partidos políticos interioricen la necesidad de avanzar hacia la transparencia plena, a través de la máxima publicidad de sus quehaceres públicos, el perfil de sus candidatos y la viabilidad de sus propuestas, se podrán conformar mejores prácticas para el ejercicio ciudadano de saber y decidir.
Y es que, según lo informado a través del ejercicio de Verificación a los Portales de Obligaciones de Transparencia de los Partidos Políticos, de 2017 a 2020, dichas organizaciones han ido progresivamente adoptando cada vez mejores prácticas de transparencia, pero es claro que aún falta mucho por hacer.
Sobre todo, porque hay que entender que la calidad de la democracia depende, siempre, de la información que la sociedad posea para ejercer su participación en los asuntos públicos con certeza y verdadera incidencia en la mejora de sus vidas y de las condiciones del país.
El ideal que pretende alcanzar el principio de máxima publicidad contenido en la Constitución es, en buena medida, el que toda la información de interés público sea puesta a disposición de la sociedad sin ambages ni reservas, porque por eso y para eso es eminentemente pública. En ese sentido, la transparencia se convierte en un instrumento que los propios actores políticos ofrecen a la ciudadanía, ya no sólo como parte de sus obligaciones en materia de fiscalización de los recursos públicos que les fueron asignados, sino también en aspectos diversos que dotan de calidad al debate político y enriquecen el contenido de aquello que se promete u ofrece a cambio del voto durante las campañas.
Otro de los eventos de gran importancia que este mes coincidieron con el inicio de las campañas electorales fue la Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto. Sin el compromiso de una transparencia realmente proactiva, que ofrezca motu proprio toda aquella información que sea verdaderamente útil para la toma de decisiones, la democracia nunca transitará hacia la aspiración de un proyecto de Gobierno Abierto. Un compromiso asumido con responsabilidad por el Estado mexicano, desde que éste se sumara a esa Alianza Internacional. Esta iniciativa internacional busca la conformación de una ciudadanía plena e informada de su propia realidad, y sin duda, México avanza en este propósito. Más información, más democracia, más participación y mejores decisiones, esas son algunas de las aspiraciones para unas elecciones transparentes.
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Nota del editor:
Las opiniones de este artículo son responsabilidad única de la autora.
La autora es comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).