En México, los ciberataques son continuos y ponen en peligro la operación misma del Estado, no solo la ministración de servicios públicos. De los más recientes, se conoce que, en noviembre de 2019, ocurrió un ciberataque de secuestro de datos para demandar un pago por parte de 5 millones de dólares a Pemex, hecho que provocó una severa afectación a sus operaciones. Apenas el día 24 de febrero del 2020 se realizó un ataque a los sistemas operativos de la Secretaría de Economía, en donde los servidores de correos electrónicos y archivos resultaron dañados. Estos son problemas de seguridad nacional.
Para ello, es requerido empezar por legislar. A partir de la reciente declaración del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el doctor Alfonso Durazo Montaño, una de las necesidades legislativas en materia de seguridad que se promoverán en este periodo legislativo de sesiones, es una Ley de Ciberseguridad. La regulación de la ciberseguridad es ya un asunto legislativo prioritario.
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Es importante que se considere que esta Ley de Ciberseguridad debe de estar redactada no solo desde la óptica de la seguridad de la información, sino desde una visión macro: la ciberdefensa y la ciberseguridad como herramientas efectivas para garantizar la seguridad nacional. Para ello, también debe ser redactada buscando su alineación al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024, la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad, e incluso a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
De forma agregada, la Ley de Ciberseguridad debe de definir los sujetos y bienes jurídicos a proteger, entre ellos: el sistema financiero mexicano y el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), el sistema nacional de salud, sistemas gubernamentales de operación de servicios públicos; padrones y bases de datos de los ciudadanos (electorales, fiscales, vehiculares o policiales), redes de área amplia, información clasificada como de seguridad nacional, infraestructura de información en territorio nacional, aérea, y marítima, e infraestructura crítica de redes de telecomunicaciones, digital, satelital o de Internet; algoritmos de operación de sectores económicos nacionales en materia de hidrocarburos, agua, y luz y software de interés nacional.
