#VocesADN | La 4T está olvidando su compromiso anticorrupción

Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al Peñismo, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- El principal eje de campaña de Andrés Manuel López Obrador, y que daba sustento a su bandera insignia de recuperar la justicia y la equidad social, era el combate frontal a la enraizada corrupción que vivió México, particularmente en los sexenios de Peña y Calderón.

Combatir la corrupción era el caballo de batalla en todas las plazas, en todos los pueblos, en todos los mítines. Era el eje que daba cada vez mayor credibilidad al entonces candidato, pues explotaba el profundo hartazgo y coraje de la población con los excesos de quienes estaban en el poder.

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Fue tan poderosa su narrativa, que incluso salió fortalecido ante la sociedad cada que sus contendientes en campaña (Meade y Anaya ) trataban de acusarlo de actos de corrupción cuando fue Jefe de Gobierno, o de cuestionar su modo de vida sin cargos públicos o trabajo visible durante tantos años.

La esperanza y optimismo que generó con esta oferta, permitió que ni aun cuando dijo que no enviaría a Peña Nieto a la cárcel se debilitara su respaldo social. El hablar de la corrupción como el cáncer que la mafia del poder le provocó a México, hizo que la gente se identificara con su proyecto.

Sin embargo, ni en campaña, ni ahora en el gobierno, el Presidente hizo propuestas concretas de cómo combatiría la corrupción. Se limitó a decir que con el simple hecho de que él, un hombre honesto del pueblo, llegara al poder se erradicaría este cáncer pues predicaría con el ejemplo.

Para él pareciera suficiente que con el cambio tan radical de personajes en la toma de decisión gubernamental, y con la instauración de una nueva manera de gobernar contrapuesta a las administraciones anteriores, desaparecía este mal. No era necesario reformar nada.

Lamentablemente, a cuatro meses y medio de arrancado formalmente el gobierno, no sólo seguimos viendo que no hay propuesta alguna encaminada a combatir la corrupción, sino que vemos con gran preocupación que muchas prácticas corruptas se están replicando y acentuando.

Si el actual gobierno tuviera un compromiso real para erradicar este mal, ya estaría trabajando de en dos agendas prioritarias para el país: por un lado, completar el marco legal del Sistema Nacional Anticorrupción; y por el otro, eliminar prácticas obscuras en la administración de recursos federales.

La reforma constitucional anticorrupción de 2015 cambió de fondo las reglas del juego, al menos en el papel. En ella se mandataron dos etapas de reglamentación legislativa: primero, la elaboración de las 7 leyes fundacionales del SNA, y después la armonización de más de 30 leyes para estar acorde con esas primeras siete.

El gobierno de Peña se resistió de manera férrea, no sólo a completar la reforma constitucional, que era del paquete original de la agenda del turbio Pacto por México; sino que también detuvo durante más de un año la elaboración de las primeras siete leyes.

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En esa época, fue gracias a uno de los muy pocos episodios de coordinación real de la sociedad civil, que se ejerció la suficiente presión social sobre el Poder Legislativo para que, desde el Senado, se arrancaran los trabajos, sobre la base de la famosa iniciativa ciudadana “3 de 3”.

Es así que en julio de 2016 se promulgan esas siete leyes; cuatro nuevas: las Leyes Generales del SNA y de Responsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Y otras tres fueron reformadas de manera importante: la Ley Orgánica de la PGR, el Código Penal Federal y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En todo el proceso de estas siete leyes participaron de manera activa las organizaciones civiles que impulsaron la “3 de 3”.

Sin embargo, y en buena medida ante la desunión que hubo entre estas organizaciones, nunca se hizo presión al Poder Legislativo para cumplir con la segunda etapa, que era la creación y reforma de más de 30 leyes para ser armonizadas con el nuevo tramado constitucional y legal anticorrupción.

Si el Presidente López Obrador tiene el compromiso real de erradicar de raíz este flagelo, tendría que estar trabajando para que, a más tardar este mismo año, se completaran estas leyes, algunas de las cuales son torales incluso para los planes y compromisos del actual gobierno.

Dos ejemplos bastan para mostrar la importancia de estas leyes. Derivado de la reforma constitucional, y de la primera etapa legislativa, se tendrían que crear una nueva Ley de Obra Pública, así como una nueva Ley de Adquisiciones.

Ambos temas son torales para el funcionamiento transparente del gobierno. Y son el corazón de muchas reformas que pretende el gobierno, empezando por la idea de centralizar en la Secretaría de Hacienda todas las compras del gobierno federal, además de federalizar algunas compras con fondos federales que antes se hacían a nivel estatal, por ejemplo con el Seguro Popular.

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Desafortunadamente, hoy vemos que en el gobierno no solo no se han erradicado las malas prácticas en materia de adquisiciones, sino que se han profundizado las decisiones opacas y se ha minimizado la rendición de cuentas.

Prueba fehaciente de ello es el hecho de que casi el 70% de las compras púbicas que se han hecho del 1 de diciembre a la fecha, han sido mediante adjudicaciones directas. Llaman la atención las principales obras, como la innecesaria refinería o los estudios para el aeropuerto de Santa Lucía.

En ambos casos, las empresas a las que se les han otorgado los contratos, que en son extranjeras en su totalidad, han estado involucradas en casos públicos de prácticas corruptas en otros países, por lo que resulta evidente que ni siquiera se han tomado el tiempo de investigar antes de decidir.

Otra forma de corrupción que ha privilegiado este gobierno es la modificación de leyes y normas a modo, como el evidente caso del nombramiento de Taibo en el FCE; o el vergonzoso cambio normativo para forzar que las pipas compradas de emergencia para Pemex sí “cumplieran”.

Resulta evidente que no es con la sola llegada de un nuevo gobierno que se erradicará la corrupción, y menos cuando ese nuevo gobierno está emulando de manera consistente a los anteriores.

Presidente, aún es tiempo de tomar las decisiones correctas, de fortalecer el marco legal e institucional, y de corregir y erradicar las malas prácticas de gobiernos anteriores y del suyo propio. Seguimos esperando que cumpla con esa que fue su principal promesa de campaña.