OPINIÓN. Consulta NAIM: debilitamiento institucional
Nota del editor: Don Porfirio Salinas es híbrido de política, iniciativa privada y escenario internacional. Priista orgulloso de “el valor de nuestra estirpe” (Beatriz Paredes dixit); y antagónico al régimen actual, contrario a esta estirpe. Convencido de la política como instrumento de construcción de país, desde cualquier trinchera. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor.
CIUDAD DE MÉXICO, (ADNPolítico) - La noche del domingo se dieron a conocer los resultados de la “consulta ciudadana” sobre el NAIM. Según los datos dados por la Fundación Rosenblueth, 69% del poco más de un millón de personas que supuestamente participaron prefirieron Santa Lucía, algo así como 747,000.
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En un ejercicio tan cuestionado, es difícil aceptar el argumento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que esto abona a la democracia participativa del país, y que inaugura una forma de gobierno en la que la población podrá participar en las decisiones del Ejecutivo federal.
La consulta estuvo plagada de falencias y errores. El primero fue pretender que un ejercicio de esta envergadura podría salir bien con tan solo unas semanas de organización. Hace menos de un mes ni siquiera sabían en el equipo de Transición qué formato se usaría.
Una vez hecho el anuncio del formato, y de que sería la Fundación Rosenblueth la encargada, no se presentó credencial alguna que mostrara la experiencia y capacidad de esta institución para un trabajo de esta naturaleza; mucho menos se presentaron medidas de “auditoría” de este ejercicio, o al menos de instituciones de acompañamiento para supervisarlo.
El problema de financiamiento de la consulta fue también un foco rojo. Más allá de la polémica al anunciar que los Legisladores federales aportarían de sus sueldos, el problema de fondo es que claramente cuando un ejercicio así es financiado de manera tan poco transparente, resulta claro que quien lo realiza obedece a los intereses de quien lo financió, deslegitimando su objetividad.
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La asignación de las ubicaciones de las mesas de votación claramente no pasó por un ejercicio profesional que asegurara la representatividad de la población. Eran obvias las preferencias geográficas para la ubicación de las mesas, y las zonas que decidieron no cubrir evidentemente correspondían a potenciales votantes contrarios al proyecto del gobierno electo.
Nunca hubo información clara y precisa sobre los métodos de selección, ni de capacitación, de quienes se harían cargo de instalar y operar las mesas, y de quienes contarían los votos. Resulta por lo menos extraño que tuvieran un resultado anoche mismo, dado el número de votantes y los problemas con la aplicación digital y la operación de las mesas.
Resulta imposible creer el número total de votantes, cuando desde el primer día de la consulta fue evidente, y documentado, que no había controles para evitar que una misma persona votara más de una vez. No podemos saber, de ese supuesto millón de votos, cuántos realmente fueron únicos, y cuántos correspondieron a personas que votaron en múltiples ocasiones.
El ejercicio que concluyó este domingo careció de cualquier señal de rigor y seriedad técnica, pero además de cualquier muestra de responsabilidad democrática por parte del propio gobierno electo.
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Durante los últimos dos meses, tanto el presidente electo como su equipo se dedicaron a atacar el proyecto que actualmente se está construyendo, y a evidenciar su preferencia personal sobre un proyecto que no solo no existe, sino que no tuvo el menor aval de viabilidad por parte de instituciones, organizaciones y expertos, nacionales y extranjeros, relacionados con la aeronáutica.
En un inicio difundieron información y estudios, a favor y en contra, en la página de internet de López Obrador. Posteriormente abrieron una página dedicada a la mal llamada consulta; pero a esta página subieron documentos editados y manipulados, con información falsa de respaldo a Santa Lucía. El objetivo de dar línea a sus votantes era claro.
Incluso, el único estudio hecho para el gobierno electo fue altamente cuestionado, publicado unos días antes de la consulta, hecho por una empresa francesa con apoyo del Gobierno francés, según dijo hoy el presidente electo, aunque omitió mencionar que llevaba insumos de Grupo Riobóo.
En la conferencia de este lunes sobre la consulta, el presidente electo ratificó que el resultado es vinculante, y que se cancelará el actual proyecto para sustituirlo por dos pistas en Santa Lucía, y el acondicionamiento del aeropuerto actual de la Ciudad de México y del de Toluca.
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De manera por demás ligera, y un tanto irresponsable, se comprometió a tener listos los tres aeropuertos en un periodo de tres años, además de un carril confinado para transportarse desde el actual AICM a Santa Lucía, así como el tren que lleva a Toluca, actualmente en construcción.
No se puede entender cómo lograrán hacer en tres años tantas obras, y con un supuesto costo de 100 millones de pesos, si ni siquiera tienen un proyecto hecho; el propio Ing. Jiménez Espriú dijo en esta misma conferencia que apenas se comenzará con los estudios técnicos y ambientales para la obra.
Sin reconocer los grandes y visibles problemas que tuvo la consulta de estos cuatro días, el presidente electo declaró que este ha sido un ejercicio democrático. Parece olvidar que la gobernabilidad democrática de un país también incluye la certidumbre jurídica, que hoy se está violentando.
Si realmente es, como él dice, un ejercicio de democracia participativa, tendría que explicar cómo se resolvieron los múltiples casos de personas que votaron en más de una ocasión, así como una auditoría precisa de cuántos fueron esos casos.
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Si realmente busca consolidar una forma de gobierno distinta a los excesos de los últimos 12 años, derivado de los evidentes errores de esta consulta tendría que estar anunciando medidas y propuestas que hará para fortalecer nuestro sistema democrático y regular de manera correcta las diversas figuras de participación ciudadana consagradas en la Constitución.
Si realmente tiene un compromiso con la gobernabilidad democrática de México, deberá actuar como un hombre de Estado, y pugnar por la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho.
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Hoy se ve a un presidente electo opuesto a lo que fue el candidato conciliador y moderado del pasado proceso electoral.
El riesgo y los costos reputacionales y financieros para el país son demasiado altos, esperemos que los sepa dimensionar y resolver.
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