Nota del editor: Alfredo Coutiño es director para América Latina en Moody’s Analytics. Lo puedes seguir en Twitter como @AlfredoCoutino. Las opiniones en esta columna son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deben ser atribuidas a la institución para la cual trabaja.
(ADNPolítico) — A una semana de las elecciones en el país, las encuestas aún indican que Andrés Manuel López Obrador se perfila a ganar la Presidencia de la República con un amplio margen, bajo el supuesto de un proceso electoral limpio. Aparentemente los mercados parecen no estar asustados por esa posibilidad, sin embargo, mantienen dudas de que la propuesta de combate a la corrupción vaya a generar los recursos suficientes para evitar desequilibrar las cuentas fiscales.
La propuesta es loable, pero para convencer a los mercados falta el ingrediente que garantice la disciplina fiscal, más allá del discurso de campaña.
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Si bien la volatilidad reciente de los mercados financieros mexicanos tiene poco que ver con la ventaja que lleva AMLO en las encuestas, una buena parte del mercado aún mantiene dudas sobre el futuro económico bajo una presidencia de López Obrador.
A pesar de que el candidato ha dicho entre líneas que mantendrá la disciplina macroeconómica––y que respetará la autonomía de la política monetaria, no ha sido razón suficiente para llevar tranquilidad a todos los mercados. De hecho, eso no evita que a partir del 2 de julio los mercados empiecen a dislocarse ante las primeras declaraciones del presidente electo. Los mercados hasta ahora han estado a la expectativa, pero la confianza aún no se ha materializado.
La gran preocupación que tanto mercados como inversionistas aún mantienen, y que podría convertirse en el disparador de una sacudida financiera a partir del 2 de julio, es el riesgo de que las cuentas fiscales se pueden descuadrar desde el primer año de gobierno ante la insuficiencia de medidas para generar los recursos que financien el vasto programa social planteado por López Obrador.
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A pesar de que los números estimados por su equipo––sobre los posibles ahorros por el combate a la corrupción––cuadren con sus cuentas fiscales, nada asegura que dichos ahorros se vayan a generar en la magnitud y con la oportunidad necesaria para evitar caer en la perniciosa inercia de mayor gasto-más déficit-mayor deuda.
Esa duda es precisamente lo que mantiene a una parte del mercado reticente y reacia a aceptar una presidencia liderada por López Obrador. Peor aún es el hecho de que de no llegar a despejar esa duda, antes o inmediatamente después del 1 de julio, eso podría ser el catalizador de una posible corrida financiera importante después de las elecciones.
nullLos mercados ya han escuchado al candidato y a su equipo decir que no se volverá a las “andadas fiscales”, pero eso no es suficiente para asegurar que no se descuadren las cuentas fiscales. Al final, las promesas de campaña son solo dichos que pueden o no cumplirse.
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Para que esa promesa de campaña sea tomada en serio y garantice mantener las cuentas fiscales en orden se necesita el compromiso de establecer una disciplina fiscal estructural. Es decir, para evitar que los errores de cálculo lleven a un descuadre fiscal se necesita asegurar que desde el primer año de gobierno las cuentas fiscales se regirán por una disciplina estricta que automáticamente sujete el gasto a los niveles de ingreso consistentes con la capacidad real de crecimiento de la economía y con un precio estructural del petróleo: una regla fiscal estructural.
La regla fiscal estructural asegura, por sí sola, que el presupuesto federal queda libre de los vaivenes del crecimiento cíclico de la economía y de la volatilidad del precio del petróleo. Es decir, dado que los ingresos del gobierno quedan libres del manoseo tanto del gobierno como del Congreso, la regla evita que el presupuesto federal sea recortado cuando los ingresos se caen, y evita ser políticamente usado cuando los ingresos aumentan.
Para asegurar el funcionamiento efectivo de la regla fiscal, y que no se quede solo en el papel, es necesario que se eleve a rango constitucional. Ese carácter de mandato constitucional, por sí solo, hace que la regla sea un instrumento automático de estricto control de las finanzas públicas y con un poder mucho muy superior al de un consejo fiscal como el propuesto tanto por el FMI como por la cúpula empresarial del país.
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Un consejo fiscal corre el gran riesgo de quedar reducido a ser solamente una entidad generadora de sugerencias sin posibilidades de ser tomado en serio. Precisamente porque nada obliga al gobierno a hacerle caso a dichas recomendaciones independientes. Irónicamente, la gran debilidad de un consejo fiscal (ausencia de mandato legal), es lo que lo hace más fácil de ser aceptado por un gobierno. Precisamente por la alta probabilidad de quedar reducido a ser uno más de los muchos centros de consejería que se han creado por cada nuevo gobierno.
Así, el anuncio de la aplicación de una regla fiscal estructural no solo despejaría dudas, sino que incluso podría generar apoyo de una parte importante de los mercados, aseguraría el compromiso con la disciplina fiscal, y desactivaría un detonante de una posible tormenta financiera que distraería recursos y esfuerzos en el primer año de gobierno.
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