OPINIÓN: Valdría más una buena acción que muchas buenas intenciones

Nota del editor: Emiliano Montes de Oca ( @EmilianoMDO ) es investigador de Desarrollo Económico y Social en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas ( @ethoslabmx ). Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas del autor y no necesariamente la de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

(ADNPolítico) – Los candidatos a la presidencia han venido hablando de la corrupción como un tema fundamental que se debe combatir para lograr la transformación del país. Sin embargo, tanto en el primer debate, como en el segundo, lo hicieron de una manera superficial y principalmente haciendo acusaciones respecto de los supuestos actos de corrupción en los que cada uno ha estado involucrado.

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Debido a que en el tercero seguramente ocurrirá lo mismo, para conocer más a fondo las propuestas anticorrupción de los candidatos, se pueden rastrear las plataformas electorales y las declaraciones que han realizado en los medios de comunicación.

En este sentido, José Antonio Meade ha propuesto aumentar las sanciones para quienes sean corruptos, alargando el máximo número de años de inhabilitación a 25 –en vez de 20– para servidores públicos que cometan corrupción y que la sanción económica para los particulares pueda ser de hasta tres veces –en vez de hasta dos– del monto de los beneficios obtenidos.

Diversos criminólogos y juristas en el mundo argumentan que el aumento de las penas no disminuye la criminalidad. Además, la CNDH ha rechazado que la solución a los problemas delincuenciales en el país sea incrementar penas o agravar delitos. Este candidato pudo haber propuesto opciones para reducir la impunidad en vez de aumentar las penas, pues como lo afirman los especialistas, la eficacia de la pena no está en su gravedad, sino en su certeza.

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Por su parte, Ricardo Anaya, propone hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimoniales , de intereses y fiscal para todas aquellas personas que ejerzan el servicio público. Además, inhabilitar a servidores públicos y empresas que hayan sido condenadas por actos de corrupción, mediante un Registro Público de Funcionarios y Empresarios Sancionados e Inhabilitados.

Las propuestas anteriores ya se encuentran establecidas en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente como parte de los sistemas electrónicos que conformarán la Plataforma Digital Nacional (PDN). Si las propuestas que el candidato propone son de alguna manera distintas o tienen mayor profundidad, eso no se explica en su plataforma electoral, por lo que pareciera que se trata de refritos o propuestas que no generan un cambio esencial.

El candidato pudo haber profundizado en cómo hacer pública la información de los servidores públicos pero respetando su derecho a la intimidad o respecto a la operación y puesta en marcha de la PDN.

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Finalmente, en lo que respecta a Andrés Manuel López Obrador, una de las propuestas que propone es que la acción penal pueda ser ejercida por particulares en casos de corrupción. A partir de la puesta en marcha del sistema penal acusatorio existe la figura de la acción penal por particulares, que consiste en que las personas puedan reclamar un delito directamente ante un juez de control sin necesidad de acudir o tener como intermediario al Ministerio Público (MP).

Esta figura se creó con la finalidad de disminuir la carga de trabajo de los MP , así como permitir un mayor control ciudadano sobre las funciones de procuración de justicia. Sin embargo, este tipo de procedimiento solo se lleva a cabo en casos excepcionales donde los delitos son perseguibles por querella, es decir, la víctima u ofendido forma parte activa en el proceso, a diferencia de la denuncia que es meramente una declaración de conocimiento.

Los especialistas nos dicen que este procedimiento solo debe emplearse en delitos donde impera el interés privado , es decir, en los cuales la víctima o el ofendido tiene un interés personal en que se resuelva el delito, y no en los que impera el interés público, como en el caso de la mayoría de los delitos de corrupción, los cuales afectan el bienestar del Estado y de la colectividad y por lo tanto corresponde a este llevar a cabo su persecución.

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Sin duda en esta propuesta se pudo haber especificado tipos de corrupción donde aplicara esta figura, por ejemplo un cohecho, donde sí habría un interés privado del particular para llevar a cabo esta acción. De igual manera, un fortalecimiento y autonomía de la Fiscalía General de la República podría llevar a mejores investigaciones para que así no hiciera falta esta figura.

Como podemos observar, los tres candidatos punteros realizan propuestas que necesitan ser pulidas o reformuladas para que conlleven a un verdadero combate a la corrupción. Estos deberían generar propuestas más detalladas que le permita a los electores tomar una decisión reflexiva y consciente al momento de estar frente a las urnas.

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