OPINIÓN: ¿Qué enfoque le darán los candidatos a la seguridad pública?

Nota del editor: Dalia Toledo es maestra en Administración y Políticas Públicas por el CIDE, es coordinadora de Seguridad Pública en Ethos Laboratorio de Políticas Públicas . Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivas de la autora y no necesariamente la de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

(ADNPolítico) – Dado un escenario de restricción presupuestal, en este sexenio se han destinado menos recursos para frenar la crisis de seguridad. De acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y del portal Transparencia Presupuestaria , a finales del 2012 se habían cometido 1,724 millones de delitos de fuero común. En ese mismo año, la inversión en seguridad pública fue de 46,759 millones de pesos. En contraste, el 2017 cerró con un incremento de 5% en los delitos y una inversión 26% menor.

Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el enfoque de la seguridad pública ha sido más reactivo que preventivo, ya que la Policía Federal es el principal ejecutor de gasto.

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Además de las transferencias federales a estados y municipios, la creación y fortalecimiento de la Gendarmería Nacional también ocupó un lugar importante en el presupuesto.

Por el contrario, el Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) nació en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 con cerca del 6% de los recursos federales en seguridad. No obstante, ante restricciones financieras, en el 2016 su presupuesto se redujo a 4% y finalmente desapareció en el 2017.

Ante el escenario de violencia, desconfianza, corrupción y restricción presupuestaria que se vive hoy en día, es fundamental conocer las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, para tener claro qué enfoque le darán a la seguridad y qué diferencia su estrategia de la implementada este sexenio. Para efectos prácticos, me centraré en analizar los planteamientos de los tres candidatos con mayores preferencias electorales.

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En el centro del debate de las propuestas de seguridad de Andrés Manuel López Obrador se encuentra la amnistía a criminales. Dado que ésta ha sido usada por la oposición como arma electoral, en los últimos días López Obrador y su equipo de campaña han explicado, en distintos foros, que la amnistía estará dirigida a aquellos grupos vulnerables que se han visto en la necesidad de incorporarse al crimen organizado en búsqueda de mejores oportunidades.

Para muchos especialistas, ante un sistema de justica ineficiente y la sobrepoblación en las cárceles, la amnistía no es una idea descabellada. Sin embargo, no se ataca el problema de raíz, ¿qué cambios son necesarios para que éstos grupos vulnerables no sigan viendo al crimen organizado como una alternativa viable? Es ahí donde la política preventiva toma un papel fundamental y donde la plataforma del candidato presidencial muestra su lado débil.

Para prevenir el delito, el candidato de Morena propone invertir en proyectos con evidencia de éxito; asignar recursos de manera transparente; así como evaluar el diseño, implementación y resultados de los proyectos, propuestas que por su generalidad parecen sacadas de un texto sobre políticas públicas.

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Las propuestas de Ricardo Anaya giran en torno al combate de la delincuencia y a la prevención del delito. Dentro de este último grupo, Ricardo Anaya propone políticas de rescate de espacios públicos y un impulso al deporte, trabajo, cultura y educación. Por otro lado, para combatir a la delincuencia, privilegiará las acciones de inteligencia (mediante la tecnología), el incremento del número de elementos de la Policía Federal, la profesionalización de los cuerpos policiacos y la permanencia del Ejército y la Marina hasta tener policías capaces y confiables.

Estas acciones, a mi parecer, representan la continuidad de la actual política de seguridad. Por ejemplo, entre 2006 y 2015 el número de elementos de la Policía Federal creció 275%, mientras que su salario promedio aumentó 30% entre 2010 y 2015. En este mismo sentido, Alejandro Hope señala que el combate de la delincuencia a través de la tecnología no es un tema nuevo y que no ha dado los resultados esperados, pues la adopción de ésta no se acompaña de capacitación o de rediseños de procesos que favorezcan su funcionalidad.

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Finalmente, José Antonio Meade propone disminuir los niveles de violencia mediante mejoras en espacios y servicios públicos; el combate de la desigualdad e impunidad; la aplicación de la Ley de Seguridad Interior; una política de castigo para los delincuentes y la creación de un Código Penal Único, principalmente. Desde mi punto de vista, las propuestas del candidato del PRI aún carecen de precisión y son limitadas para atender un problema grande y multicausal.

Sin considerar la amnistía a criminales, las propuestas de los candidatos me generan una interrogante: ¿cómo obtendremos resultados diferentes con una ecuación que tiene las mismas variables (prevención, profesionalización policial, tecnología)? Espero que el diseño de esas políticas sea tan innovador que nos lleve a un resultado distinto.

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