Legisladores de la región reconocieron que mientras perdure la incertidumbre sobre la intensidad y duración de la pandemia, las economías y las sociedades seguirán con cierres y paralizaciones intermitentes con agravamiento de las consecuencias en la salud y economía de las poblaciones.
Por eso convinieron en trabajar en una agenda común que permita minimizar esas consecuencias desde ahora, ante la incertidumbre sobre el fin de la pandemia, según dijo Dulce María Sauri, presidenta pro tempore del Foprel y presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.
En la Estrategia Legislativa plantearon como una de las conclusiones acentuar la lucha contra el cambio climático para así atender las necesidades de agua potable y saneamiento, eje de las medidas de salud del futuro.
Además, dado que de toda la región de Centroamérica y El Caribe México es el país que menos gasta en salud, 5.5% del Producto Interno Bruto (PIB) por debajo de Belice (5.6%), y Guatemala (5.8%), recomendaron aumentar el gasto público.
Proponen apoyos solidarios directos
Otro de los ejes es “promover la aprobación de leyes que otorguen algún tipo de bono de subsistencia o renta extraordinaria, recomendable solo durante el tiempo en que las condiciones de cada país y su suficiencia presupuestal lo permitan”.
La mayoría de los miembros del Foprel asignaron recursos de este tipo, sea por la vía de entrega de recursos extraordinarios, vía condonación de impuestos a ciudadanos ajenos a los umbrales de pobreza, pobreza extrema o en grave inseguridad alimentaria, por lo que consideraron que esas políticas deben tener continuidad.
El embajador Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, director de la Iniciativa sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (DOS) en el Tecnológico de Monterrey detalló además, de parte de la academia, propuestas como la necesaria inversión de energías renovables y no descuidar el medio ambiente.
El objetivo es ir a una recuperación rápida, incluyente y sostenible en la región, orientada a atender los efectos más prominentes que ha traído consigo la pandemia, en aras de “no dejar a nadie atrás”.
En materia de hacienda el documento recomendó elaborar instrumentos legislativos o normas jurídicas enfocadas en la reestructuración de la deuda, especialmente en los países donde representa más del 50% del Producto Interno Bruto (PIB), además de aplicar estímulos fiscales y medidas de política monetaria para lograr la recuperación transversal (económica, social y medioambiental).
Se planteó también mejorar la recaudación con gravámenes a empresas digitales y trabajar en la creación de fondos multilaterales para dar financiamiento extraordinario a los países de la región.
El objetivo de estas medidas es conseguir la ampliación de los recursos públicos destinados al gasto social, educación y a la salud, esto por el reconocimiento de que la crisis sanitaria por COVID-19 ha exacerbado problemas sociales como la pobreza, la desigualdad, el acceso a servicios de salud y la falta de educación de calidad.
