Organizaciones llaman a AMLO a transparentar el Ramo 23 del presupuesto

El Ramo 23 carece de reglas de operación y se han detectado irregularidades en estados y municipios en el manejo de estos recursos.

Al respecto, Mariana Campos, investigadora de México Evalúa, describió a esta partida como un "gran parche", creado debido a que no hay una manera sensata de que los estados financien sus políticas públicas.

"El gran elefante blanco en la política fiscal de México es el sistema de coordinación fiscal (...) El cómo se gastan los recursos que envía la Federación a los estados es ineficiente y obsoleto, e incluso hasta absurdo, porque los estados no son retribuidos de manera proporcional en función de lo que aportan a la bolsa general", dijo.

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"Esta administración tiene un presidente que emana de una oposición que tiene una mayoría importante en el Congreso federal y en los locales, y me parece que es la primera vez que un partido de oposición tiene la posibilidad de hacer reformas profundas al sistema de coordinación fiscal. Sería un despropósito enorme que el presidente no tuviera la altura de miras para ver la oportunidad que tiene en sus manos de generar un sistema que sea realmente razonable", agregó.

En el estudio Ramo General 23, de la discrecionalidad al abuso, elaborado por MCCI, incluye cuatro argumentos que documentan la asignación discrecional de recursos desde el Ramo 23, que puede llevar a la comisión de abusos por parte de las autoridades:

• La Cámara de Diputados asigna sistemáticamente recursos adicionales a fondos sin criterios ni objetivos claramente definidos para entregarlos a estados y municipios.
• El gobierno, a través de la Secretaría de Hacienda, termina ejerciendo un gasto mucho mayor al aprobado por los diputados para asignar recursos a las entidades.
• Es más probable que los municipios con menor proporción de pobreza y mayor desarrollo humano reciban más recursos del Ramo 23 que aquellos con mayor marginación y menor desarrollo humano.
• La afinidad política tiene un peso significativo al asignar los recursos.

Por ello, el estudio recomienda:

• Fortalecer el sistema de contrapesos políticos en el proceso presupuestario, particularmente en el ejercicio del gasto público. Modificar el marco legal para volver obligatoria la aprobación de la Cámara de Diputados a las adecuaciones presupuestarias a partir de cierto monto.
• Aumentar la capacidad técnica de la Cámara de Diputados para procesar información presupuestaria, incrementando al personal del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) para disminuir la brecha de información con Hacienda.

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• Tener limitaciones plasmadas en la ley, que establezcan montos máximos e involucren al Legislativo en caso de ser necesario para destinar mayores recursos.
• Establecer parámetros y mecanismos de rendición de cuentas sobre los recursos otorgados a estados y municipios
• Eliminar los fondos que no cuenten con objetivos de gasto claros, reglas de operación y mecanismos de vigilancia.

Aunque desde antes de ausmir el poder el presidente López Obrador prometió acabar con los 'moches', el PEF 2019 todavía contempla recursos en este rubro.