¿Un mecanismo internacional para vencer la impunidad en México?

Open Society Justice planteó a México pedir apoyo internacional para investigar autónoma y eficazmente las posibles colusiones del crimen organizado con funcionarios públicos y garantizar así la rendición de cuentas en hechos como la masacre de Allende , Coahuila, de 2011.

En el informe “La corrupción que mata”, la organización presentó indicadores sobre cómo el crimen violento ha aumentado en México mientras que la persecución penal y condena están en niveles bajos.

El documento analiza dos incidentes en Coahuila, donde funcionarios públicos pudieron haber estado coludidos con el cártel de los Zetas en la comisión de los crímenes; y sugiere la integración de un mecanismo internacional en el país para investigar este tipo de casos sistemáticos.

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"Las continuas debilidades en el sistema de justicia penal de México, así como la influencia corruptora del crimen organizado, reafirman la necesidad urgente de un organismo que pueda investigar de manera competente", señala el estudio.

Estos son la razones porque las que Open Society plantea una cooperación internacional en México:

Aumento de los crímenes

El documento señala que en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, el gobierno federal ha tratado de combatir el crimen organizado a través del despliegue de la policía federal, el Ejército y la Marina y un uso de la fuerza abrumadora contra la población civil que supuestamente está asociada con organizaciones criminales.

Sin embargo, dice, esta estrategia no ha dado resultados efectivos. Cita datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que dan cuenta de como los casos de homicidio doloso aumentaron de 16,909 en 2015 a 20,547 en 2016 y después a 25,339 en 2017, cuando antes de esto, el 2011 había sido el año más violento de México, con 22,409 homicidios. Los datos del Inegi confirmaron esta tendencia ascendente: de 20,762 homicidios en 2015 a 24,559 en 2016.

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Colusión y corrupción en Coahuila

El estudio analiza los casos de Allende y Piedras Niegras, en los que –basados en información documentada por varias organizaciones– señala una posible colusión por omisión o participación de funcionarios públicos en la comisión de crímenes adjudicados a Los Zetas.

“Un patrón común en estos y otros incidentes es la corrupción: ya sea mediante sobornos o el ofrecimiento de beneficios personales, o por medio de la intimidación y el consecuente temor infundido por sus vidas y las de sus familias, los Zetas cooptaron exitosamente a la policía y otros funcionarios públicos para facilitar sus crímenes”, señala el estudio.

¿Por qué introducir un mecanismo internacional?

El informe expone que Coahuila no fue la única entidad con este síntoma, sino que la colusión se extendió también a Tamaulipas, Veracruz o Guerrero, en donde cada vez hay más información sobre pagos a policías en otros municipios y estados de México, replicando un patrón de corrupción.

Considera que aunque ya existe el planteamiento de crear una Fiscalía General de la República autónoma, la participación internacional podría ayudar a asegurar investigaciones independientes de casos "políticamente sensibles".

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Destaca que al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), le hace falta darle más herramientas para poderse enfocar también en los vínculos ilícitos entre autoridades y grupo del crimen organizado.

Sobre la Ley de Seguridad Interior, considera que se pone en peligro las posibilidades de rendición de cuentas a nivel nacional.

“Tal como está redactada ahora, la ley es peligrosamente excesiva: constituye una expansión sin precedentes del papel de las fuerzas militares en la seguridad pública de México y amenaza con deteriorar aún más las instituciones policiales civiles del país”, expone.

¿Cómo debe ser el mecanismo internacional?

Diversas organizaciones que conforman la Plataforma contra la Impunidad y Corrupción consideran que esto debe tener el mecanismo:

-Debe estar compuesto por personal nacional e internacional, que proporcione conocimientos especializados, independencia y de apoyo para lidiar con presión política.

-El mecanismo tendría jurisdicción concurrente con otras instituciones de justicia nacionales que se complementarían con la Corte Penal Internacional.

- El mandato del mecanismo sería investigar de forma independiente y, cuando sea necesario, perseguir los delitos bajo su jurisdicción.

- Se ubicaría en México para asegurar que las investigaciones y los procedimientos se desarrollen lo más cerca posible de víctimas y comunidades afectadas.

- Tendría un mandato territorial en todo México, a nivel federal y estatal.

- El mecanismo debe tener la misma jurisdicción temporal que la fiscalía recientemente creada.

- El mecanismo debe crearse mediante un acuerdo con una organización internacional asociada, posiblemente las Naciones Unidas.