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La cancelación del NAIM anuncia pleitos legales para el gobierno de AMLO

Frenar el proyecto iniciado en Texcoco traerá a la próxima administración demandas multimillonarias y la obligación de pagar indemnizaciones a los afectados, señalan abogados.
mar 30 octubre 2018 05:00 AM
Contratos
¿Y los contratos? López Obrador dice que se respetarán las inversiones de los empresarios que han destinado recursos al NAIM, pero el sector privado afirma que la medida generará pérdidas financieras y en materia de fuentes de empleo.

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- La decisión de cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), anunciada este lunes por Andrés Manuel López Obrador, anticipa un escenario de pleitos legales para el gobierno que el político de izquierda encabezará a partir del próximo 1 de diciembre.

Así lo consideran abogados consultados por ADNPolítico, quienes advierten que, más allá del carácter "extralegal" de la consulta con la que el presidente electo preguntó a los ciudadanos su opinión sobre la obra, la determinación de poner fin a los trabajos en Texcoco puede llevar a una "lluvia" de amparos, demandas laborales y otros recursos legales con los que los afectados reclamen reparación.

Previsiblemente, tales confrontaciones empezarán en cuanto arranque la administración del fundador de Morena y su decisión sobre el NAIM empiece a tener efectos.

"Una vez que entre en funciones el gobierno de López Obrador, estaríamos en un plano jurídico en el ejercicio del poder público y ahí sí serían impugnables sus decisiones", dice el abogado Roberto Duque, académico de la UNAM.

Pero concretamente, ¿qué recursos legales pueden esperar a la administración lopezobradorista? Aquí analizamos los escenarios.

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Demandas por incumplimiento

El presidente electo afirma que la cancelación no tendrá efectos negativos para quienes han invertido en la obra en Texcoco. Sin embargo, el abogado Julio Jiménez, académico de la Universidad La Salle, advierte que esas consecuencias ya se resienten, pues además de registrarse malestar en la iniciativa privada y una caída del peso frente al dólar en mercados internacionales, los afectados ya dan señales de alistarse para recibir al nuevo gobierno con un "tsunami" de recursos legales por incumplimiento de contrato u otros conceptos.

"Una vez que entre el gobierno en funciones, se vendrían de inmediato las demandas multimillonarias por daños y perjuicios", dice.

Y estas demandas, prevé el jurista, no solamente serían por parte de empresarios, sino que también podrían provenir de sindicatos y de personas que fueran despedidas a raíz de la cancelación del proyecto.

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A pagar indemnizaciones

López Obrador también dice que será más barato el proyecto de Santa Lucía, aun contemplando los costos de cancelación. Pero a decir del abogado Gonzalo Sánchez de Tagle, todavía estaría por verse el costo que tendría la decisión.

Por un lado, el jurista advierte que cancelar tendría consecuencias directamente económicas, las cuales ya están determinadas en las cláusulas contractuales. Por otro, señala, habría consecuencias administrativas o regulatorias por trabajos realizados o daños y perjuicios a los contratistas.

"En primer lugar, se tienen que pagar los trabajos ejecutados y eventualmente se tiene que liquidar un concepto que se llama gastos no recuperados", dice.

De acuerdo con Jiménez, el monto que debería desembolsar el gobierno para cubrir las indemnizaciones podría alcanzar los 300,000 millones de pesos, es decir, tres veces los 100,000 millones de pesos que López Obrador afirma que se ahorrarán con la cancelación del NAIM.

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¿Cambiar un proyecto por otro?

En la conferencia de prensa para anunciar la cancelación del proyecto en Texcoco, López Obrador ofreció a los contratistas participar en la construcción de las dos nuevas pistas que plantea para ampliar la base aérea de Santa Lucía. No obstante, los abogados consultados coinciden en que esto no es factible porque las circunstancias son distintas para cada obra.

"Las especificaciones del contrato, las condiciones del contrato y los montos de inversión son distintos, ¿y todo el dinero que ya se invirtió?", cuestiona Jiménez.

Para Sánchez de Tagle, otro aspecto que representa un reto en Santa Lucía es el de las comunidades afectadas, los estudios ambientales y otros factores a tomar en cuenta, así como los riesgos de operabilidad simultánea con el aeropuerto capitalino actual y el que está en Toluca.

"Habrá que hacerse manifestaciones de impacto ambiental, es decir, todo lo que implica una obra de este tamaño se tiene que hacer igualmente en Santa Lucía", dice.

Asimismo, señala Jiménez, si una de las críticas al plan Texcoco fue la opacidad con la que se otorgaron los contratos, se incurriría en una situación similar si el otorgamiento de estos en Santa Lucía se diera mediante la adjudicación a los actuales beneficiarios del proyecto del NAIM.

En ese contexto, si bien López Obrador asegura que la decisión final está tomada, esta no quedará libre de turbulencia.

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