El gobierno de Peña Nieto se 'blinda' ante posibles denuncias
CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico) - En un acto inédito, la Consejería Jurídica de la Presidencia presentó una controversia constitucional contra posibles órdenes de aprehensión, arraigos, citatorios o carpetas de investigación iniciadas por autoridades locales contra funcionarios federales, incluyendo al presidente, publicó Reforma este miércoles.
El recurso se interpuso el pasado 11 de octubre ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de los señalamientos del gobernador de Chihuahua, Javier Corral contra el presidente Enrique Peña Nieto y su equipo.
El objetivo de la controversia es evitar órdenes de aprehensión contra Peña Nieto o algún miembro de su equipo derivadas de procesos penales que pudieran iniciar en su contra el gobierno de Chihuahua, la Fiscalía o el Poder Judicial.
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"La solicitud y emisión de órdenes de aprehensión existente o inminente respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones", es uno los actos contra los que se promovió el documento, firmado por el consejero jurídico Misha Granados, de acuerdo con Reforma .
Javier Corral ha acusado a Peña Nieto y a su equipo de proteger al exgoberandor de Chihuahua, César Duarte, y al exsecretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez , acusados de corrupción y desvío de recursos públicos por 250 millones de pesos para campañas del partido en 2016, respectivamente.
Corral anunció que, cuando inicie el próximo gobierno federal, en diciembre, presentará nuevas denuncias contra su predecesor en la gubernatura, quien supuestamente está en Estados Unidos. También ha dicho que la administración que encabeza Peña Nieto ha tomado acciones en su contra —como recortarle los recursos de Hacienda a la entidad— en represalia por las investigaciones que ha emprendido contra Duarte Jaquez y funcionarios del PRI.
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La demanda, señaló Reforma, busca evitar que Corral se reúna con autoridades autónomas como la Fiscalía o el Poder Judicial para emprender acciones contra funcionarios o exfuncionarios del gobierno.
Reclama "su intervención directa o indirecta, pública o privada, actual o inminente, en investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación y solicitudes de colaboración que refieran, mencionen o relacionen actuales o anteriores funcionarios públicos federales".
