AMLO debe iniciar una “conversación realista” sobre los retos en seguridad: OSC

CIUDAD DE MÉXICO (ADNPolítico).- A partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a cambiar el enfoque de seguridad y crear las condiciones necesarias para la paz. Además, ha dicho que dará amnistía a delincuentes no violentos, atenderá a las víctimas y acabará con la corrupción y la impunidad.

Para International Crisis Group, una organización civil que asegura buscar ayudar a definir "políticas que construyan un mundo más pacífico", todas estas metas son loables, aunque el presidente electo debe proceder con cautela para evitar que su agenda provoque una reacción adversa.

En el informe Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el gobierno de López Obrador, se señalan algunos de estos retos y recomendaciones para la próxima administración.

"No hay una salida fácil"

De acuerdo con el informe, López Obrador heredará una multitud de conflictos regionales, cada uno con su propio patrón y enfoque. Esto, sumado a una tasa de homicidios que en 2017 alcanzó su máximo histórico en 20 años y a que 95% de los asesinatos queda impune, representa un reto para el Estado.

"No hay una salida fácil de la crisis de seguridad de México. Pero el desafío más grave concierne al propio Estado y los numerosos informes apuntando la existencia de corrupción y criminalidad explican al menos parcialmente la ineficacia de las Fuerzas Armadas y la policía", dice.

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Ante ello, plantea reformar las fuerzas de seguridad, centrarse en los casos emblemáticos de crímenes de Estado, fortalecer y aplicar mecanismos de supervisión civil de las fuerzas de seguridad, así como restaurar, aunque sea gradualmente, a la policía civil como la única proveedora de seguridad pública.

La organización argumenta que el éxito de este cambio radical dependerá de cómo López Obrador se desenvuelva en los microconflictos esparcidos por el país, y de las medidas que tome su gobierno contra la complicidad estatal con el crimen en los lugares desgarrados por la violencia, por lo que debe bajar el tono de sus pronunciamientos para ajustarlos a la realidad y comprometerse a reconstruir instituciones sólidas.

"Las grandes esperanzas de México ahora deben ser atenuadas por una conversación realista acerca de la verdadera profundidad y complejidad de los desafíos a los que se enfrenta el país y la tenacidad que deberá exhibir un reformador exitoso", afirma.

¿Cuáles son los dilemas a enfrentar?

La organización señala que "las nobles ambiciones" del presidente entrante no han ido acompañadas de planes para lograr sus objetivos y que la realidad hará que sea un proceso difícil, por lo que puede enfrentar obstáculos de los partidos oposición a nivel estatal y municipal e intereses empresariales.

Entre los dilemas en la propuesta de López Obrador están que quiere retirar al Ejército y dejar a la policía, cuando los esfuerzos de una reforma policial no han prosperado; quiere brindar reparación a víctimas de la violencia, pero aún no tiene la capacidad judicial para investigar estos casos, y busca generar la paz a zonas afectadas, lo que lo llevaría a calibrar la responsabilidad de altos mandos del crimen organizado, y con ello provocar el enojo de las propias víctimas.

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El documento alerta que si el futuro presidente toma decisiones enérgicamente y sin consultas, puede provocar reacciones adversas e incluso violentas, pero si toma el camino de la negociación podría darse un retroceso en la confianza de las instituciones y el Estado de derecho, ya que la gente espera respuestas rápidas.

¿Cuáles son las recomendaciones?

1. Establecer comisiones de la verdad, lideradas y definidas por ciudadanos y apoyadas por expertos en seguridad pública, y que estas cuenten con financiamiento adecuado, apoyo logístico, seguridad y libre acceso a funcionarios y documentos del Estado cuando sea necesario. En ese punto sugiere establecer comisiones en un número limitado de regiones afectadas, como partes de Guerrero, Michoacán y Veracruz; después, ajustar y replicar en otras áreas.

2. Analizar la exclusión de los criminales violentos, incluidos los miembros de alto y medio rango del crimen organizado, de las políticas de construcción de la paz como las amnistías parciales, así como contemplar la reducción de las sentencias y otros beneficios judiciales para ellos solo si lo aconsejan las comisiones de la verdad y a cambio de su plena colaboración con el sistema judicial y la reparación a las víctimas.

3. El acompañamiento de los esfuerzos de construcción de la paz de las comisiones de la verdad con programas de empleo y educación que brinden alternativas al crimen organizado.

4. Financiar y apoyar a los colectivos de víctimas en la búsqueda de personas desaparecidas e identificación de cuerpos y garantizar que tengan acceso como querellantes en investigaciones judiciales a documentos estatales internos.

5. Proponer al Congreso la derogación de la Ley de Seguridad Interior.

6. Investigar y llevar ante la justicia los casos emblemáticos de asesinato y desaparición, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, para demostrar el compromiso de brindar justicia y restablecer la fe en las instituciones de seguridad.

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7. Introducir mecanismos de supervisión independientes, como defensores del pueblo civiles con facultades disciplinarias, para frenar cualquier violación de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.

8. Restaurar a las policías como las únicas proveedoras de seguridad pública, proporcionar protección cuando sea necesario y mejorar las condiciones laborales con mejores salarios y prestaciones sociales adecuadas.

9. Abstenerse de influir en el nombramiento del próximo fiscal general de la República para respetar su independencia.

10. Para Estados Unidos, propone participar en los esfuerzos para mitigar la inseguridad en México apoyando la reforma policial, la independencia judicial y la prevención del crimen en el marco de un acuerdo general de cooperación en materia de seguridad, mientras que a las Naciones Unidas, prestar asistencia para apoyar la reforma policial, la independencia de la fiscalía y la investigación de supuestos delitos de lesa humanidad, así como ofrecer asistencia y apoyo técnico en la definición e implementación de instrumentos para la construcción de la paz, en particular comisiones de la verdad.